La Fiscalía se opone a la puesta en libertad de los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al entender que siguen vigentes los motivos por los que fueron a prisión oir sendos delitos de sedición en relación con el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, expresó sus reparos en el informe sobre los recursos elevado por las defensas de Sánchez y Cuixart a la sección segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal, a la que corresponde su resolución, al haber sido planteados en apelación y no ante la propia juez que decretó la prisión.

La defensa de Cuixart alega que medió para que los manifestantes permitieran salir a la Guardia Civil de la consejería de Economía, ante cuya sede se apostaron miles de manifestantes, y que la protesta fue convocada por múltiples entidades, no sólo por la suya. Por su parte, el líder de ANC expone a la Sala en su recurso sus "constantes esfuerzos" para garantizar que la concentración ante el Departamento de Economía fuera pacífica, aunque admite que solo podía controlar a los manifestantes que la entidad había convocado.

Ambos niegan además que exista riesgo de fuga porque ambos tienen arraigo en Cataluña, donde viven sus familias y cuentan con un empleo, circunstancias que a su juicio Lamela sí tuvo en consideración para dejar en libertad provisional al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.