Garzón niega haber vulnerado la Ley de Amnistía por investigar el franquismo

  • "Hice lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Cada juez tendrá la suya, pero aquí había cientos y cientos de víctimas que buscaban reparación", ha declarado ante el Supremo.

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El juez Baltasar Garzón ha negado este martes ante el Tribunal Supremo que fueran razones políticas las que le movieran a declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y ha asegurado que hizo lo que creía que tenía que hacer, por encima de ideologías, para contribuir a la reparación de las víctimas. "Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideología, cada uno tendrá la suya pero aquí no ha habido ideología, ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal y el juez tiene la obligación de tratar de investigar esos hechos y de dar protección", ha dicho.

De esta forma contestaba Garzón a su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, después de que el Supremo haya rechazado declarar la nulidad de la causa como solicitaron la defensa y la Fiscalía y haya reanudado el juicio al magistrado, que un día más ha contado con el apoyo y aplauso de decenas de sus partidarios concentrados a las puertas del Alto Tribunal. Garzón, que se ha negado a contestar las preguntas de la acusación popular de Manos Limpias por considerar que no está legitimada, ha insistido en que no vulneró la Ley de Amnistía porque esa norma se refiere a hechos políticos y en ningún caso se puede afirmar que los crímenes denunciados pudieran tener naturaleza política. "Son hechos delictivos", y no políticos, en un contexto del crímenes contra la humanidad, ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que las denuncias que a partir de diciembre de 2006 presentaron en su juzgado las asociaciones de Memoria Histórica y varios particulares describían un "plan preconcebido" y "sistemático" de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales, secuestro de niños y torturas, que encajaban dentro de crímenes contra la humanidad. Se trataba, según Garzón ha dicho a su abogado, de hechos parangonables a los ocurridos entre 1933 y 1945 en otros regímenes totalitarios en Europa. "Absolutamente, así es", ha afirmado el juez comparando la mecánica utilizada con la de los regímenes nazis y recordando que también otros jueces de la Audiencia Nacional, como Ismael Moreno, investigan causas relacionadas con supervivientes de campos de concentración en Alemania.

Garzón ha insistido en que se declaró competente para investigar dichos crímenes en conexión con un delito contra la Constitución y altos organismos de la nación, aplicando la ley, los convenios internacionales y la doctrina que el propio Supremo estableció al condenar al exmilitar Adolfo Scilingo por las desapariciones en Argentina. Además, considera que no existía prescripción de los delitos puesto que se trataba de desapariciones y ejecuciones permanentes cuyos efectos son también permanentes mientras no aparezca la víctima. El magistrado ha negado que sus decisiones entraran en colisión con la Ley de Memoria Histórica y ha asegurado que "verdad, justicia y reparación" es lo que él desea para las víctimas que no han sido resarcidas.

Respecto al auto de octubre de 2008 en el que se declaró competente para investigar los hechos y pidió, entre otras pruebas, el certificado de defunción de Franco, ha destacado que era un trámite normal y necesario para determinar la exención de responsabilidad penal más allá de la "chanza o gracia" que pueda provocar. En respuesta al fiscal Luis Navajas, que pide también su absolución, Garzón ha señalado que siempre ha procurado respetar las normas legales y procesales, que "para nada" intentó hacer una interpretación que se apartara de una línea aceptable y defendible en derecho y que actuó de acuerdo con la leyes de la "buena fe".

El juez de la Audiencia Nacional ha recordado que tres de sus compañeros en ese tribunal respaldaron su competencia para investigar los hechos, al igual que dos juzgados de Granada y San Lorenzo del Escorial que le devolvieron la causa. El juicio, en el que Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación por prevaricación, continuará mañana con la declaración de tres testigos propuestos por la defensa, que representan a varias asociaciones de Memoria Histórica.

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