La etarra Maite Aranalde se ha fugado tan sólo cinco días desde su puesta en libertad por un error, entre otros, de las autoridades francesas. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ya ha ordenado su busca y captura a las Fuerzas de Seguridad para su inmediato ingreso en prisión y no ha escatimado críticas al juez que le sustituyó en vacaciones y permitió a la etarra salir de prisión bajo fianza.

La pasada semana, el juez Eloy Velasco acordó su puesta en libertad tras el pago de 12.000 euroas porque el país galo sólo había entregado a la etarra por un delito de tenencia de explosivos, de insuficiente gravedad para imponer la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.

Francia tenía requerido también por parte del Juzgado Central de Instrucción número 2 la entrega de la etarra por otra colocación de una serie de artefactos en varias gasolineras de Madrid durante el puente de la Constitución en 2004. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de París no la entregó por esa causa debido a un descuido.

El Ministerio Público recurrió la puesta en libertad acordada por Velasco, que sustituía la pasada semana a Garzón. A su vuelta, éste tenía encima de su mesa el escrito de la Fiscalía, a quien escuchó acordando la prisión incondicional el lunes, pero cuando la Policía se personó para notificarle la medida, la etarra Aranalde ya se había esfumado.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ya advertía de la alta posibilidad de que "en cualquier momento" la etarra pudiera volver a la actividad de la banda terrorista, "a la que no ha renunciado, ni expresa ni tácitamente".

Garzón recuerda que Aranalde ya había huido de España antes de ser detenida por las autoridades francesas y por tanto, era elevado el riesgo de fuga, "teniendo en cuenta que la entrega de la procesada no ha sido voluntaria".

El magistrado también recalca que en el momento procesal de la causa, "el juez debe velar, exclusivamente por que la procesada no se sustraiga a la acción de la Justicia". A su juicio, se cumplían "todos los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional" para que la terrorista hubiera ido a prisión con carácter incondicional y no sujeta a fianza.

Velasco acordó su libertad porque, entre otras cosas, en la causa por la que había sido entregada ya había quedado absuelto un miembro de su comando, Iker Olabarrieta, acusado del mismo delito de tenencia de explosivos. Sin embargo, según Garzón este hecho no significa que Aranalde fuera "a correr la misma suerte".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió en una rueda de prensa que ha habido un "error burocrático" que ha provocado esta situación, pero no significa que la coordinación con Francia no funcione. "Los jueces dictaminan y la Policía cumple las leyes. Ahora hay una orden de Garzón para detenerla y lo vamos a hacer", subrayó.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, dijo que la fuga de la etarra tiene que ver con un fallo judicial que "obviamente no se ha producido en nuestro país". En rueda de prensa posterior al Consejo de Dirección del PP, el dirigente popular confió en que Aranalde sea capturada pronto.

La diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, anunció por su parre que pedirá explicaciones por la fuga. Según explicó la diputada de UPyD a Efe, aunque España "no es responsable de que Francia extraviara documentos que impidieron el ingreso en prisión de Aranalde, las autoridades españolas deberían haber extremado su vigilancia".