La Generalitat desoyó los avisos de la delegada del Gobierno sobre el TC días antes del 9-N

  • Las cartas advertían que, como autoridad pública, tenían que cumplir la resolución del Constitucional

La ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, investigada junto a Artur Mas y la consejera Irene Rigau por el 9-N, desoyó en vísperas de la consulta soberanista los avisos de la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, de que su obligación era cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).

Así se desprende de un conjunto de misivas que Llanos de Luna remitió a Ortega y Rigau, así como a alcaldes, presidentes de diputaciones y Consejos Comarcales y de compañías de sectores estratégicos claves pocos días antes del 9-N, que obran en poder del magistrado del TSJC que investiga a Mas, Ortega y Rigau por la consulta soberanista.

El 5 de noviembre del pasado año, Llanos de Luna envió una carta a la entonces vicepresidenta Joana Ortega -que dimitió en junio pasado por discrepancias con la hoja de ruta soberanista de Mas- y a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, advirtiéndoles de que, como autoridad pública, tenían la obligación de cumplir las resoluciones del TC y velar para que las actuaciones de sus departamentos se ajustaran al ordenamiento jurídico.

"Esta Delegación del Gobierno le recuerda la importancia que desde su departamento no se adopten acuerdos o se lleven a cabo actuaciones que pudiesen contravenir la decisión del Tribunal...con actuaciones destinadas a la utilización de medios públicos para la realización de actos de ejecución de la consulta o de otra manera vinculados a ella", advertía Llanos de Luna en sus misivas.

Ortega respondió el 7 de noviembre, dos días antes de la consulta, con una carta en la que replicaba que la Generalitat había defendido siempre los derechos de los ciudadanos de Cataluña "desde la responsabilidad institucional y con un respeto escrupuloso para la legalidad".

En su respuesta, la ex vicepresidenta desdeñaba las advertencias de Llanos de Luna, al apuntar que no era competencia de la Delegación del Gobierno "ni recordar a otras administraciones sus obligaciones, ni constituirse en intérprete de las resoluciones de los Tribunales, de las que se debe presuponer una actuación independiente en cumplimiento del principio de división de poderes". Además, recordaba que la resolución del TC había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y comunicada directamente por el tribunal a la Generalitat.

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