El Gobierno catalán pide la devolución de las ayudas a 87 discapacitados

  • La Generalitat garantiza que los reembolsos de los pagos improcedentes no serán traumáticos y podrían cobrarse cantidades pequeñas, de hasta diez euros

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El Departamento de Bienestar Social y Familia ha pedido a 87 personas discapacitadas la devolución de unos 7.000 euros cada una porque la Generalitat de Cataluña les pagó durante varios años subvenciones que eran incompatibles o complementarias.

El departamento que dirige el conseller Josep Lluís Cleries reconoce que se trató de un error de la Administración, pero arguye que, al tratarse de dinero público, la ley obliga a la Generalitat a exigir su devolución.

El departamento ha enviado cartas a las 87 familias afectadas que cobraron durante algunos años dos o más ayudas que eran incompatibles o complementarias, sin que la Administración lo advirtiera.

Fuentes del departamento negaron a Efe que se trate de cartas de apremio para devolver el dinero, sino que se les comunica que cobraron indebidamente un dinero y deben devolverlo, por lo que les facilitan un teléfono para que se pongan en contacto con ellos y negociar la forma de hacerlo. El departamento se ha comprometido a que esta devolución no sea en ningún caso traumática y garantiza que las personas que no puedan devolverlo se les cobrará restándoles cantidades pequeñas, "de 10 euros mensuales si fuera necesario", una vez los afectados cobren las ayudas de la ley de dependencia.

De los 87 afectados, 30 de ellos renunciaron a las ayudas de la dependencia, en algún caso porque las ayudas que ya cobraban sumaban un importe superior, por lo que, ahora que ya no cobran una de las dos ayudas, deberán volver a tramitar la petición de dependencia.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Gobierno que impulse un gran pacto de Estado para consolidar y culminar la ley de dependencia.

Esta organización considera que hay que hacer balance en relación con la atención a la dependencia y de adoptar "medidas ambiciosas, aprendiendo de los errores, para asegurar su continuidad y estabilidad, que debe quedar fuera de toda duda", después de cinco años desde la puesta en marcha de la ley.

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