La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que el Gobierno aprobará en breve un Plan General de Control Tributario por el que espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012 y que se centrará fundamentalmente en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta indicó que una de las novedades que estudia el Ministerio de Hacienda será limitar el uso de efectivo en determinadas transacciones económicas, especialmente las realizadas con billetes de alta denominación, para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones. La medida, aplicada ya en países como Francia e Italia, según recordó Sáenz de Santamaría, es un elemento "muy claro" en la lucha contra la economía sumergida y contra el uso de dinero negro en esos pagos, en palabras de la portavoz del Gobierno, quien añadió que también es una manera "muy clarificadora" de detectar dónde se están produciendo las grandes bolsas de fraude.

El plan de prevención del fraude fiscal operará en tres ámbitos: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social. El nuevo plan de control tributario facilitará también a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y se pedirá información fiscal a los países que antes eran considerados paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas holandesas, al tiempo que se impulsará la firma de nuevos convenios para la erradicación de otros paraísos fiscales.

Consumo eléctrico y uso de tarjetas de crédito

Sáenz de Santamaría también adelantó que el plan intensificará el control sobre ciertos sectores -que no especificó- más ligados a la economía sumergida, en los que se pondrá el foco en datos como el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito. En fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento. 

La mayor colaboración entre administraciones tributarias del Estado y las comunidades autónomas, incluidas las haciendas forales, para el intercambio de información, así como la potenciación de la vigilancia aduanera o las normas antiabuso son otros de los pilares en los que se basará el nuevo plan de prevención del fraude.

Se potenciará la 'autorregularización' voluntaria del IRPF

Asimismo, se potenciará la autorregularización voluntaria, la autocorrección de incidencias censales, la ampliación del ámbito del borrador del IRPF, la potenciación de la administración electrónica, la obtención on line de información tributaria personalizada y la formulación de consultas a la administración sobre el tratamiento tributario de operaciones especialmente complejas. Concretamente, sobre la autorregulación voluntaria, Sáenz de Santamaría explicó que se trata de que aquellos contribuyentes a los que la Agencia Tributaria advierta de que han cometido errores u omisiones en sus declaraciones puedan voluntariamente subsanarlos antes de que se les abra un procedimiento, y con la finalidad también de poder reducir recargos o sanciones.

"Se trata de evitar comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude", indicó Sáenz de Santamaría. Finalmente, destacó que estas líneas generales del plan de prevención del fraude permitirán recaudar 8.171 millones de euros en 2012, una cantidad que consideró "muy importante" para garantizar la "justicia y equidad" en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, "porque lo más injusto y lo más inequitativo es aquel que teniendo obligación de declarar no declara o declara lo que no le corresponde". 

Pedirá información sobre las retribuciones de la cúpula de entidades con ayudas  

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, solicitará a través de una misiva al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, información relativa a la "adecuación" de las retribuciones de la cúpula de las entidades que han recibido ayudas públicas. En concreto, De Guindos se dirigirá a Fernández Ordóñez para que le facilite las retribuciones fijas y variables de estos altos cargos de las entidades que debieron recurrir al Estado para poder seguir operando. 

La vicepresidenta del Gobierno adelantó que dependiendo del informe que presente el gobernador de la institución, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tomará medidas destinadas a evitar "premiar" a los gestores que llevaron a algunas entidades al borde la quiebra.  El Gobierno analizó este jueves un informe a propuesta del ministro de Economía y Competitividad sobre la situación financiera y el calendario de reforma del sector, que el Ejecutivo prevé culminar en los seis primeros meses del año.

La Seguridad Social registró un déficit del 0,06% del PIB en 2011

La Seguridad Social cerró 2011 con un déficit de 668 millones de euros, el equivalente al 0,06% del PIB, frente al superávit inicialmente previsto por el Gobierno socialista del 0,4% del PIB, según ha anunciado Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta ha señalado que, pese a esta desviación negativa sobre lo previsto en las cuentas de la Seguridad Social, los pensionistas pueden estar "tranquilos", pues las pensiones se pagarán puntualmente.

La vicepresidenta, que ha comentado que esta situación le recuerda a la de 1996, ha insistido en que la realidad económica es "más dura" de lo que pensaba el Gobierno, por lo que ha advertido de que las medidas que adoptará en el futuro "también lo serán".