El Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, impugnó ayer ante el Tribunal Supremo las 254 candidaturas de Bildu, y 16 de agrupaciones electorales, que considera que son el "plan B" de ETA y el "instrumento electoral" con el que la ilegalizada Batasuna planeaba volver a las instituciones.

El recurso contencioso-electoral de la Abogacía, al que se sumará hoy el de la Fiscalía General del Estado, sostiene que la coalición -integrada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba e independientes- es el vehículo formal de la izquierda abertzale ilegalizada para estar en los comicios del 22-M y, por tanto, una sucesión del "complejo ETA-Batasuna".

En esa estrategia, los servicios jurídicos del Estado creen que la política de EA y de Alternatiba ha permitido propiciar "una alianza para la implementación electoral que sirviera de vehículo para facilitar la presencia de la izquierda abertzale ilegalizada en las instituciones", aunque entiende que esa colaboración "no alcanza la intensidad necesaria" para afectar a la legalidad de esos partidos.

Tras analizar los informes policiales, las declaraciones de los dirigentes de la coalición, las conversaciones intervenidas y los documentos de ETA, la Abogacía del Estado cree probado que detrás de Bildu está el plan de la organización terrorista gestado desde 2008 de "acumular fuerzas" y buscar la alianza con EA para "cubrir el espacio electoral perdido".

Los servicios jurídicos del Estado consideran que Bildu está "gestionada, dirigida, articulada y coordinada" en sus aspectos fundamentales por la izquierda abertzale ilegalizada.

Si Bildu era el "plan B" de ETA, según la Abogacía, existiría también "un plan C residual" en municipios o concejos pequeños donde no ha habido acuerdo entre los integrantes de la coalición y Batasuna y se han presentado candidaturas autónomas, de las que 16 también han sido impugnadas.

Entre las pruebas que presenta el abogado del Estado en su recurso destacan los acuerdos electorales (Herri Akordioak) que, a su juicio, demuestran que Bildu se diseña y ejecuta desde el mundo de Batasuna y que en las listas electorales se atribuyen los puestos en función de los votos que obtuvo ANV en 2007.

Otra prueba que aporta son las conversaciones intervenidas por la Policía, de las que saca la conclusión de que los dirigentes de Batasuna recurrieron a "intensas presiones personales" sobre ciudadanos "no excesivamente significados" por su relación con la izquierda abertzale para que accedieran a ser candidatos en Bildu.

Una conversación a la que también se hace referencia en el recurso es la mantenida el pasado 2 de abril entre el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, en prisión, y su esposa, Julia Arregi, en la que hablan de la elaboración de las listas de Elgoibar (Guipúzcoa), a la que se refieren como "los nuestros".

Para demostrar las vinculaciones con el entorno de ETA, la Abogacía General del Estado analiza también uno por uno los nombres que integran las candidaturas de Bildu y concluye que más del 20% de los candidatos tienen alguna relación con Batasuna, porcentaje que cumple con los requisitos establecidos por el Supremo y el Tribunal Constitucional para demostrar la continuidad o sucesión de un partido ilegalizado.

Bildu se ha convertido en la duodécima marca electoral impugnada desde 2003 cuando Batasuna fue ilegalizada por el Supremo en aplicación de la Ley de Partidos Políticos.

La impugnación de estas candidaturas viene a dar continuidad a un proceso iniciado hace ochos años, en el que se han ilegalizado ya varios partidos y se han anulado cientos de listas tanto en comicios generales, como en autonómicos y locales por mantener sus lazos con la ilegalizada Batasuna.