IU ha expulsado a los portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid, Gregorio Gordo y Ángel Pérez, al determinar que han incurrido en una falta muy grave por no dimitir de sus cargos como le ha pedido reiteradamente la dirección federal, según fuentes de este organismo. Una dimisión que se les exigió por considerarles responsables políticos del escándalo de Caja Madrid y de las tarjetas opacas al no intervenir ante la gestión poco ética de los consejeros nombrados a propuesta de IU en la entidad.

Especialmente en el caso de José Antonio Moral Santín, dirigente madrileño en su momento, que cargó a su tarjeta de Caja Madrid casi medio millón de euros en gastos personales, hechos por los que está imputado y por los que compareció esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

La expulsión de los dos portavoces madrileños ha sido adoptada por la Presidencia federal de IU por 31 votos a favor y ninguno en contra después de reunirse esta tarde en la sede de Olimpo, y tras estudiar el dictamen elaborado por la instructora del expediente que se abrió por esta causa a los dirigentes madrileños, Henar Moreno, coordinadora de La Rioja.

Aunque aparentemente ha sido una decisión unánime, ha habido dirigentes de IU, entre otros los de Izquierda Abierta, que lidera Gaspar Llamazares, a quienes no ha gustado nada esta medida por considerar que a Gordo y a Pérez se les ha hecho "un juicio sumarísimo" sin garantías jurídicas ni estatutarias. Y precisamente eso es lo que argumentarán ambos dirigentes, que en una primera respuesta a la expulsión ordenada por la Presidencia federal, han dicho que es ilegal e ilegítima y ya han avanzado que acudirán a los tribunales por considerarla una vulneración de derechos fundamentales.

Así las cosas, parece que ni a la cuarta irá la vencida porque esta es la cuarta ocasión en la que la Presidencia federal adopta una medida para forzar la salida de los dos portavoces madrileños. Primero hubo dos resoluciones en diciembre pasado en las que se les pedía que dimitieran de sus cargos como portavoces, pero como persistieron en desoír estas exigencias, la Presidencia federal volvió a reunirse el 30 de enero y fue un poco más lejos al acordar la "desautorización política" de ambos y abrirles un expediente. Este viernes se ha llegado a la expulsión de Izquierda Unida, una medida que, según han explicado algunas fuentes, no puede ejecutar la Presidencia federal porque la federación madrileña tiene personalidad jurídica propia y es la única con capacidad para echar a un militante.

En cualquier caso, Gordo y Pérez, que ya fueron suspendidos cautelarmente de militancia por el PCE hace unos días, pueden mantener sus actas de diputado y concejal, respectivamente, hasta que sean disueltas las instituciones madrileñas por la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas.

Con esta resolución controvertida sobre la mesa se reunirá el sábado el Consejo Político de IU, que no está convocado para tratar la situación de los portavoces madrileños ni el conflicto interno de Madrid, pero que sin duda marcará la agenda del cónclave en el que está previsto que se aprueben los ejes de la convergencia electoral con otras fuerzas.

Según algunas voces en IU, ha sido la guerra abierta entre dos maneras de entender el proyecto electoral lo que subyace detrás de toda esta cuestión. Una guerra entre una corriente abierta a la convergencia, que lideraba la ex candidata de IU a la Comunidad de Madrid Tania Sánchez y en la que está el aspirante al Ayuntamiento de la capital, Mauricio Valiente, dispuesta a renunciar a las siglas de IU para involucrarse en pactos de unidad popular. Enfrente, otro sector, mayoritario en la federación autonómica y que encabezaban hasta ahora los dos dirigentes expulsados, defensores a ultranza de que IU concurriera en solitario o bajo la fórmula de la coalición electoral.