Una vez que se abran las oficinas de asilo proyectadas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla "quedará muy claro" que quienes intenten acceder a esas ciudades las vallas no serán "en principio", refugiados. "Quedará muy claro que aquellas personas que intentan entrar ilegalmente no son personas que en principio tengan derecho a esta petición de asilo y protección internacional, porque podrán ejercerlo a través de esas oficinas habilitadas". Así de contundente se mostró ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que expresó además su intención de que la Ley de Extranjería recoja la existencia de estas oficinas, una mención que se incorporaría en el trámite parlamentario del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana a través del Grupo Parlamentario Popular.

Hasta el momento, la única previsión de modificación de la Ley de Extranjería es la que contiene una disposición adicional al proyecto de Seguridad Ciudadana que fue introducida en el Congreso y que permitirá devolver sobre la marcha a Marruecos a los inmigrantes interceptados saltando en grupo alguna de las vallas bajo la forma jurídica del "rechazo en frontera".

La previsión de abrir oficinas de asilo en Ceuta y Melilla se anunció poco después de proyectar esta reforma y su inauguración está prevista para marzo. No obstante, queda en el aire la situación de las personas de origen subsahariano -mayoría entre quienes saltan las vallas-, que por carecer de libertad de circulación en Marruecos no pueden acceder hasta el puesto fronterizo español para solicitar la protección.

Fernández Díaz destacó que en las últimas semanas ha habido un incremento exponencial de las peticiones de asilo, especialmente de nacionales sirios, y los cuerpos de seguridad del Estado intentan que puedan ejercer este derecho.