El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado en su primera comparecencia en el cargo, ante la Comisión de Interior del Congreso, su intención de limitar la actuación policial en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a tareas de vigilancia, dejando la atención de los internos a "otro personal especializado", medida que recogerá en el reglamento de regulación de estas instalaciones, cuya elaboración está pendiente desde el año 2010. 

Según ha explicado, su objetivo es "definir un modelo de gestión en que la Policía cumpla las tareas que le corresponden: la seguridad" de los CIE, mientras que "las que no se circunscriban" a esta misión sean "asumidas por otro personal especializado". 

Para el titular de Interior, "es preciso revisar el planteamiento de los CIE y su gestión", lo que se acometerá mediante la elaboración de un reglamento que rija "el régimen de organización y funcionamiento" y que permita "incorporar mejoras en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo", y en concreto, de las elevadas tras la visita que la Institución realizó a mediados de enero al centro de internamiento de extranjeros de la Zona Franca de Barcelona.

"La necesidad en España de revisar los centros de extranjeros es una obviedad que comparto porque las personas inmigrantes, por el hecho de serlo, no son delincuentes, sino personas como nosotros dotadas de la misma dignidad, de iguales derechos y de las mismas obligaciones", ha señalado, al mismo tiempo que ha apuntado a los CIE de Málaga y Algeciras, como centros que precisan de "cambio de cierto calado", que su departamento ministerial va a abordar. 

El ministro ha explicado ante la Comisión de Interior que en la actualidad existen 12 centros en España, seis en la Península y otros tantos en las Islas Canarias, con un total de 4.116 plazas que han registrado una ocupación media del 67%, "dos tercios de su capacidad". Según ha dicho, la estancia media por interno se estima en 18,21 días, frente al máximo de 60 que la ley permite retener a un extranjero en un CIE en espera de expulsión.

Además, ha destacado que "si bien el número de expulsiones no cualificadas ha disminuido, el de cualificadas ha aumentado de forma evidente", pasando del 57 por ciento en 2009 al 80 por ciento el pasado año.  "Esto significa que buen número de los internos han cometido delitos lo que confiere rasgos de especial complejidad a la gestión de los CIE", ha añadido. Con todo, ha señalado que los indicadores en España están "muy por debajo de la media de los países de la UE". 

Igualmente, el titular de Interior ha confirmado que ya cuenta con una "propuesta de reglamento" para regular el régimen de organización y funcionamiento de los CIE, que a su vez permita incorporar fórmulas racionales de gestión que mejoren las condiciones de los centros, en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo.  En concreto, ha avanzado que en los próximos días remitirá el texto a los grupos parlamentarios para alcanzar el "máximo nivel y consenso posible" en la materia. "Voy a intentar consensuar ese reglamento y tendremos ocasión en ese trabajo conjunto. No me quedo ninguna carta marcada escondida", ha apostillado.

Cámaras de seguridad en todas las dependencias y mejora de la atencion sanitaria

Además, ha detallado que la propuesta contiene un impulso a la formación de personal del centro, de racionalización de los espacios comunes y de recreo, además de una mejora de los servicios de atención médica, que podría incluir la posibilidad de servicios sanitarios de forma permanente. Finalmente, ha asegurado que se han instalado ya todas las cámaras de seguridad que se solicitaron en 2009 por el Defensor del Pueblo.

Según han informado a Europa Press fuentes del Defensor del Pueblo, las recomendaciones que se elevaron a la Dirección General de la Policía y al propio ministro tras aquella visita se centran en la necesidad de dotar de cámaras de vigilancia a todas las dependencias del CIE y mejorar la atención sanitaria a los internos, ámbito en el que se estaban detectando desde hace años "carencias muy graves", como periodos "prolongados" de tiempo en los que los internos no tienen acceso a un facultativo o problemas con los historiales médicos.

Sobre el primer asunto, el ministro ha asegurado que "se han instalado las cámaras de seguridad que solicitaba el Defensor del Pueblo" y que, aunque "se solicitaron en 2009, 2010 y 2011, es ahora cuando se acaban de instalar". En cuanto a la atención sanitaria, ha avanzado que su departamento está "examinando la posibilidad", y fundamentalmente los costes, de establecer "servicios sanitarios permanentes" en los CIE.

Protección a los más vulnerables

Por otro lado, el responsable de la cartera de Interior ha hecho hincapié en la protección de los más vulnerables, y en el desarrollo de estrategias de seguridad "específicas y avanzadas" a sus necesidades, en referencia a víctimas de violencia de género y a los menores de edad.  En este último punto, Fernández Díaz ha avanzado que el Ministerio de Interior va a plantear la inclusión de la huella genética en la ficha policial a todos los detenidos por delitos sexuales o violentos graves "con plena cobertura legal".

En cuanto a la violencia machista, ha señalado que los datos "obligan a reaccionar con urgencia, incorporando medidas que contribuyan tanto a la disuasión como al control de los agresores y a la adecuada gestión y comunicación entre los distintos agentes". En total, en lo que va de este mes de enero han sido asesinadas siete mujeres en España. 

Finalmente, se ha comprometido en la creación de instrumentos de colaboración entre el sector público y el privado para la protección contra los cyberataques. "La reciente amenaza de grupos como Anonymous constituye un buen ejemplo de la envergadura de este problema", ha advertido.

La mayor parte de los portavoces parlamentarios en la Comisión de Interior han celebrado la promesa de Fernández Díaz de elaborar el reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros. En el caso socialista, Antonio Hernando, ha reconocido que el "problema" con los CIE ya existía desde su Ejecutivo; mientras que el diputado de IU, Ricardo Sixto, le ha urgido a su desarrollo porque estas instituciones se están convirtiendo en "pequeños guantánamos". Por su parte, el nacionalista catalán Jordi Jané ha celebrado que se hayan limitado las funciones de la policía en los CIE, a la vez que el diputado del PNV, Aitor Esteban, le ha reclamado que exponga las principales líneas que desarrollará el nuevo reglamento.