La Justicia comienza el embargo de los bienes de Carlos Fabra

  • El hombre fuerte del PP en Castellón tiene que hacer frente a 4,3 millones de fianza

El proceso de embargo de los bienes del ex presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, se inició ayer con el fin de cubrir la fianza de 4,2 millones de euros que le ha impuesto el juez en el auto de apertura del juicio oral por el caso Naranjax, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Carlos Fabra y su ex mujer, María de los Desamparados Fernández, presentaron una relación de inmuebles, tal y como solicitó el juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules, para proceder al embargo de sus bienes y cubrir la fianza de 4.270.859,60, en el caso del dirigente provincial del PP, y de 1.718.192,80 en el de su ex esposa.

Además, en la decisión también se incluía al ex socio de Carlos Fabra, Vicente Vilar, y la ex esposa de éste último, Montserrat Vives, ambos imputados en la causa, a los que se pide una fianza de 800.000 euros a cada uno.

Las partes, concretamente Carlos Fabra y su ex mujer, solicitaron aclaración del auto que imponía la fianza y un mayor plazo para responder al requerimiento, peticiones que desestimó el juez, quien les dio tres días para informar de su relación de bienes. Esta decisión se produjo después de que, tras finalizar el plazo, las partes no verificasen las fianzas. Los bienes declarados de Carlos Fabra ascendían a 3,9 millones de euros y sus deudas a 1,7 millones, según constaba en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón del 22 de enero de 2011, cuando todavía era presidente de la Diputación.

Por otra parte, en el escrito de conclusiones provisionales de la acusación popular del caso Naranjax -ejercida por la Unión de Consumidores-, esta parte sostiene que Carlos Fabra pudo utilizar los más de 30 préstamos hipotecarios que tenía -de acuerdo con los informes periciales realizados por los inspectores de Hacienda- para blanquear dinero, delito del que no está acusado, ya que en principio el dirigente del Partido Popular únicamente será juzgado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

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