SE le había trasladado la necesidad de que el nuevo ministro conociera en profundidad la situación de la Justicia. Tanto a las asociaciones de jueces y fiscales como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les preocupaba que Mariano Rajoy se inclinara por un personaje político en lugar de nombrar a alguien a quien no hicieran falta cinco o seis meses de tiempo para saber qué problemas afectan actualmente a la administración de la Justicia.

Todo indica que Ignacio Astarloa -letrado de las Cortes, ex secretario de Estado de Justicia y ex secretario de Estado de Seguridad- iba a ser el ministro, aunque también se rumoreó que podría ser Manuel Almenar, miembro del CGPJ; pero finalmente unos cambios de última hora llevaron a Ruiz-Gallardón al Ministerio, a pesar de que inicialmente estaría destinado a Defensa. Hubo decepción, no generalizada pero hubo decepción: Gallardón, fiscal de carrera, hace décadas que está alejado de la profesión, y no conoce ni siquiera superficialmente cómo se encuentra hoy la Justicia en España. Llega al Gobierno en un momento además en el que se evidencia una profunda desconfianza hacia la Justicia: se considera que está excesivamente politizada, que es muy lenta, y que existen serias interferencias que ponen en peligro la obligada independencia y neutralidad de jueces y fiscales.

Urdangarín se encuentra en una situación éticamente inaceptable, pero diferentes profesionales dudan que pueda ser condenado por delitos muy graves; todo lo más ha podido cometer un delito fiscal o posible blanqueo de dinero, si se demuestra que ha sido así. Pero existe la absoluta seguridad de que si no sale mal parado de su encuentro con la Justicia se acusará a la Casa Real de haber intervenido para impedir que el marido de la Infanta Cristina sea enviado a prisión.

José Blanco sigue sin conocer de qué se le acusa exactamente, no se ha levantado el secreto del sumario del llamado caso Campeón y por tanto no tiene más información que la que le llega a través de filtraciones periodísticas. Le consta sin embargo que su principal acusador, Dorribo, ha realizado declaraciones a la juez en el sentido que indican algunas de esas filtraciones después de que hayan sido publicadas; es decir, que determinados hechos no los contó a la juez hasta después de haberlos visto en medios de comunicación. El ex ministro está convencido de que saldrá indemne de este caso y desde hace semanas pidió comparecer voluntariamente ante el Supremo para ofrecer su versión de la relación ue mantuvo con Dorribo. No ha podido hacerlo hasta ahora porque al igual que los casos en los que se ha visto envuelto Garzón, el suyo corresponde a la Secretaría de Casos Especiales del Supremo, y por tanto había que esperar que finalizaran los dos juicios del ex juez de la Audiencia Nacional.

El primero de ellos, el de las escuchas a los abogados defensores de algunos de los implicados en el caso Gürtel ya están vistos para sentencia, y el próximo martes Garzón deberá comparecer nuevamente ante el Supremo para responder de un presunto delito de prevaricación porque en varias ocasiones fue alertado por sus superiores respecto a que no tenía competencias para investigar hechos relacionados con la Ley de la Memoria Histórica y sin embargo mantuvo las investigaciones. La idea más generalizada entre jueces y fiscales atentos a la situación de Garzón es que la sentencia por las escuchas podría conocerse una vez iniciado el juicio de la Memoria Histórica, porque si la sentencia fuera anterior, y de condena, existen dudas respecto a que un juez inhabilitado pudiera ser juzgado en el Supremo, ya que perdería su condición de aforado. Aunque hay profesionales que afirman que no cambiaría su situación porque los hechos por los que debe ser juzgado se produjeron cuando era juez.

La credibilidad en la Justicia es en estos momentos tan endeble que cualquier especulación sobre presiones, maniobras y operaciones políticas cae en terreno abonado. Coincide además ese preocupante y desgraciado descrédito con que el futuro de varios personajes de enorme presencia social se encuentra en estos momentos en manos de los tribunales. Del duque de Palma se ha llegado a decir que ha cometido un delito de prevaricación aunque es imposible porque no se trata de un funcionario público; de Garzón, que ha amenazado con contar todo lo que sabe sobre negociaciones con terroristas, o con los guardias civiles infiltrados en su filas, si es condenado; el primo de José Blanco no ha sido llamado a declarar ante nadie y sin embargo se ha dado información sobre sus supuestas declaraciones, y de Camps se cuenta que negoció con Rajoy su dimisión a cambio de que los jueces fueran benévolos con él, y él se comprometía a no hacer público lo que sabía sobre la financiación de su partido.

Esta semana es clave, se toman decisiones importantes en el campo de la Justicia: se conocerá la decisión del Supremo respecto a Garzón, Urdangarín podría hacer alguna declaración en Barcelona sobre sus actividadess, José Blanco comparece ante el Supremo... Con toda seguridad las decisiones de los tribunales van a ser puestas en duda.