Las ONG podrán tutelar a menores inmigrantes que estén solos

  • El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Extranjería con el rechazo de PP, IU y UPyD

El Pleno del Congreso aprobó ayer, sin el apoyo del Partido Popular, IU-ERC-ICV y UPyD, la reforma de la Ley de Extranjería, que permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y amplía el plazo de internamiento de los cuarenta días actuales a sesenta. Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado, el PP anunció que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, dijo que es una ley "integradora" que frenará la inmigración clandestina y avanzó que el Gobierno ya está trabajando en la modificación del vigente Reglamento de Extranjería, aprobado en 2004.

Finalmente, de las 732 enmiendas presentadas por los grupos, sin contar con la devolución a la totalidad planteada en su momento por PP, PNV y ERC-IU-ICV, el Congreso aceptó casi 300.

El portavoz de Inmigración del PP, Rafael Hernando, advirtió que esta reforma no servirá para frenar las "avalanchas" de inmigrantes en situación irregular. A su juicio, la ley "es una mera reforma cosmética, que ha desaprovechado la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio, responsable de que España se haya convertido en el coladero" de ilegales de la UE y en territorio propicio para las mafias.

Tras lamentar que el texto no prohíbe las regularizaciones masivas, una de las principales reclamaciones de su partido, acusó al Gobierno de no promocionar la integración del inmigrante, una persona a la que se reconocen derechos pero "no obligaciones". Consideró también una barbaridad que las comunidades autónomas y las organizaciones no gubernamentales puedan asumir la tutela de los menores extranjeros que no están acompañados.

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, acusó al Gobierno socialista de optar por un "discurso duro" y entre los principales puntos de rechazo mencionó la ampliación del periodo de internamiento de los extranjeros.

Precisamente, éste es el principal escollo por el que el BNG no dio su apoyo a la ley, pues -según dijo su diputada Olaia Fernández Davila- no es razonable que una persona que presuntamente ha delinquido pueda ser detenido un máximo de 40 días, y un inmigrante que ha incurrido en una sanción administrativa (no tener papeles) pueda serlo durante 60 días.

CiU valoró que la ley haya ampliado las competencias de las comunidades autónomas en la gestión migratoria (contratación en origen, renovación del permiso de residencia temporal...) y el esfuerzo en avanzar en la integración de los inmigrantes.

La reforma está centrada en la seguridad nacional y en el rendimiento económico en vez de garantizar el respeto al acceso y a la protección de los derechos humanos, según Amnistía Internacional. Su responsable de Política Interior y Derechos Humanos, Virginia Álvarez, declaró a Efe que el texto aprobado tiene "más sombras que luces" y denunció que se siga utilizando la inscripción en el padrón municipal como medio de control migratorio.

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