España

Pedreira avisa al PP del riesgo de convertir Gürtel en una batalla campal

  • El magistrado rechaza el recurso de los populares contra la remisión del caso a Valencia

El magistrado que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, desestimó ayer el recurso interpuesto por el PP contra el auto que acordaba remitir al Tribunal Superior de Valencia la parte del caso que afecta a cargos del Gobierno y del PP valenciano.

Pedreira explicó que, al afectar la investigación a personas aforadas, éstas tendrían que ser procesadas en el tribunal valenciano (TSJV), y no en el TSJM. Además defendió su competencia para admitir o desadmitir los informes proporcionados por los demás órganos judiciales que colaboran en el caso con el tribunal, y que han sido cuestionados desde el interior del PP.

Concretamente el juez remitió a Valencia los indicios de un posible delito electoral contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 y 2008, además de otros de cohecho y prevaricación que afectan a algunas personalidades del PP valenciano y de la Generalitat, entre los que se encuentran su presidente, Francisco Camps.

Según la opinión del magistrado, no cabe la menor duda de que el TSJM "no debe ni puede conocer de este aspecto del caso", que pertenece al TSJCV, cuando los imputados son el presidente del Gobierno valenciano o varios de sus aforados, ya que de lo contrario se estaría violando el principio constitucional de la separación de poderes públicos.

El magistrado del TSJM advirtió al PP del riesgo que conlleva permitir que el proceso se convierta en una "batalla campal o campo de Agramante, lleno de informes y contrainformes escritos, y en la que se trata de desprestigiar unos informes en beneficio de otros, y de originar una indefensión derivada de la utilización de los aforados".

Pedreira concluyó diciendo que la conducta del presidente de la Generalitat valenciana es un tema que tampoco puede ser conocido por él, y que huirá de cualquier interpretación sobre los informes de la Abogacía General valenciana para impedir un "fuego graneado jurídico y dialéctico y mantener un debate ordenado".

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