Operación pretoria

Prisión para cinco de los detenidos en Santa Coloma

  • Entre ellos se encuentran el alcalde socialista de la localidad y los ex altos cargos de CiU Alavedra y Prenafeta. Garzón les imputa por asociación ilícita, cohecho, blanqueo, fraude y tráfico de influencias.

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El juez Baltasar Garzón ha ordenado el ingreso en prisión de los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC, Luis García, detenidos en la operación Pretoria.

El magistrado de la Audiencia Nacional, que ha adoptado esta decisión a instancias del fiscal anticorrupción Luis Pastor, ha decretado también el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 25.000 euros para el director de servicios del Ayuntamiento, Pasqual Vela, y de 500.000 euros para los empresarios de la construcción Lluis Casamitjana y Josep Singla. Además, ha fijado otra fianza de 100.000 euros para el empresario Manuel Carrillo, el único de los nueve detenidos que se encuentra en libertad desde que prestó declaración ante la Guardia Civil en Las Rozas (Madrid) el pasado miércoles.

En el auto emitido, el juez sostiene que las actividades principales de esta supuesta trama de corrupción urbanística consistía en lograr modificaciones de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda Pública, fraude en la obtención de subvenciones de la Unión Europea, extracciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo. Para ello, relata el juez, los miembros aprovechaban "los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros y la actividad empresarial de los demás".

En concreto, Garzón imputa el delito de asociación ilícita a todos los acusados, salvo a Pasqual Vela y a Manuel Carrillo; quien sólo esta acusado de un delito de cohecho. Además de la acusación de asociación ilícita, el juez imputa diversos delitos de blanqueo de capitales a Macià Alavedra, Lluis Prenafeta, Luis García y Lluis Casamitjana, a los que también acusa de varios delitos de tráfico de influencias junto al empresario Josep Singla. Casamitjana también está acusado de un delito de fraude fiscal.

El alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, está imputado también de un delito de cohecho, otro de fraude de subvenciones, dos delitos de fraude y extracciones ilegales y uno de falsedad en documento oficial y mercantil. Garzón también imputa los delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial a Luis García y Manuel Dobarco; este último acusado también de dos delitos de fraude y extracciones ilegales junto a Pasqual Vela (imputado también por un delito de encubrimiento).

Los imputados que han quedado en libertad bajo fianza tienen de plazo hasta el próximo lunes para depositar la cantidad exigida por el juez, mientras que Alavedra, Prenafeta, García, Muñoz y Dobarco serán trasladados a la cárcel de Soto del Real.

La operación

La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio. 

La operación parte del denominado caso BBVA-Privanza, que Garzón instruyó en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey. Durante ese año, su sustituto al frente de su juzgado, Fernando Grande-Marlaska, archivó parcialmente la investigación y retiró la imputación a 19 ex consejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus. 

Según las citadas fuentes, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones.  En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como cerebro y Macià Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.

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