2014, un año "negro" para los derechos humanos

  • Amnistía Internacional reprocha a España que no investiga el uso excesivo de la fuerza contra inmigrantes y reclama una rectificación de la política del Gobierno en materia de asilo.

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Amnistía Internacional ha denunciado que el Gobierno español no está investigando las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra inmigrantes por parte de los agentes en las fronteras, ni ayudando en el proceso judicial por la muerte de 14 personas en la playa de El Tarajal.

En el informe anual de la organización, Amnistía reclama una rectificación de la política del Gobierno español en materia de asilo y recuerda que en 2014 sólo se otorgó protección internacional a 27 de los 4 millones de sirios que han salido de su país, mientras que otros 1.500 "están retenidos en Ceuta y Melilla de forma ilegal" en los centros de estancia temporal de extranjeros (Ceti). "Amnistía Internacional sigue denunciando el uso excesivo e innecesario de la fuerza en la frontera por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, que en ocasiones han sido devueltos de manera ilegal", indica el informe.

Además, lamenta que el Gobierno esté intentando legalizar con la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana "las denominadas devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional".

En este sentido, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha asegurado que "el Estado no ha cumplido con su obligación" de investigar la muerte de los 14 inmigrantes ahogados en febrero de 2014 al intentar alcanzar las costas ceutíes y "ya dictó una sentencia previa" sobre la inocencia de los agentes que trataban de impedir su entrada. También ha recordado que hay una causa abierta en Melilla "por devoluciones en caliente de inmigrantes". A su juicio, estas prácticas incumplen la ley de Extranjería, que obliga "a escuchar al inmigrante, asistido por un abogado, antes de acordar su expulsión". "Espero que las investigaciones lleguen a buen término, pero el Gobierno español no está ayudando en nada a esas investigaciones", ha señalado el responsable de la organización.

Amnistía define 2014 como "un año especialmente negro para los derechos humanos, que se han puesto en riesgo por las políticas públicas y por reformas como la del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana", ha opinado Beltrán durante la presentación del informe. "La mayoría de las personas que intentan entrar por Ceuta y Melilla merecen al menos que se considere si son refugiados, que se estudie si huyen de conflictos armados", ha insistido.

El informe alerta del peligro de que los Gobiernos, como el español, estén cambiado la política antiterrorista, vulnerando muchos derechos, como la prohibición de viajar fuera de España. "Se ha profundizado en una política antiterrorista tan ambigua que cualquier persona puede caber en un delito de terrorismo", según Esteban Beltrán. Para Amnistía Internacional la reforma del Código Penal del Gobierno ataca la libertad de expresión, de información y de reunión "al ampliar delitos, tanto de terrorismo, como de desórdenes públicos, de manera tan amplia y vaga que resultan incompatibles con las normas de derecho internacional".

"También ha sido un mal año para los que han sufrido las más de 65.000 ejecuciones hipotecarias o para los 873.000 inmigrantes irregulares que se han quedado sin tarjeta sanitaria", ha explicado. Para Amnistía, la crisis económica "ha profundizado la crisis de los derechos humanos".

Como elementos positivos, la organización destaca el impulso de España al Tratado Internacional de Comercio de Armas y la iniciativa de documentar, por primera vez, los crímenes de odio, aunque reclama un protocolo para investigarlos.

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