La cúpula militar niega quejas sobre el Yak antes del accidente

  • Dos de los cinco altos mandos imputados por el siniestro en el que fallecieron 62 militares en 2003 niegan irregularidades en la contratación del aparato

El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) Antonio Moreno Barberá, y el jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemacon) Juan Luis Ibarreta, negaron ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que se cometieran irregularidades en la contratación del Yakolev-42, avión que se estrelló en Turquía y provocó la muerte de 62 militares españoles en 2003. Es más, ambos mandos aseguraron durante su interrogatorio que "las cosas se estaban haciendo bien".

El magistrado, que les imputó junto a otros tres altos cargos militares por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, escuchó decir del Jemad y del Jemacon que no se produjo ninguna irregularidad en torno a la contratación de aviones por parte de Defensa y ratificaron su modo de actuación. Tanto Moreno como Ibarreta dijeron al juez que volverían a montar el mismo sistema de vuelos, según informaron fuentes jurídicas.

Ibarreta explicó a Grande-Marlaska, ante la presencia del fiscal Fernando Burgos y la asociación de los familiares de las víctimas, que si se eligió a la compañía Namsa en vez de una nacional, como podría haber sido Iberia o Air Europa, fue porque la ucraniana ofrecía una "flexibilidad" que no facilitaban las españolas, como cambios en los planes de vuelos, asumir una serie de riesgos y exonerar a Defensa de cualquier responsabilidad.

Sin embargo, la acusación particular explicó al finalizar los interrogatorios que si ninguna compañía española estaba dispuesta a volar a la capital afgana Kabul era porque está prohibido que un avión de pasajeros vuele a zonas de conflicto.

Así, apuntaron que el Yakolev-42 tampoco tenía que haber volado a esa zona.

Por su parte, Moreno señaló en la declaración que a los aviones utilizados por el Ejército se les realizaban "inspecciones suaves", es decir, "operativas", "visuales", pero no "técnicas". A su juicio, era Namsa la encargada de realizar los controles a las aeronaves.

En su defensa, sostuvieron que el mismo aparato que se estrelló en la localidad turca de Trebisonda el 23 de mayo de 2003, de vuelta a España, ya había volado en tres ocasiones para el Estado mayor de la Defensa los meses anteriores y "nunca" había recibido una queja. Incluso, en una ocasión recibieron una felicitación de un tripulante.

La ronda de declaraciones de los imputados se completará hoy con las comparecencias del contraalmirante José Antonio Martínez, el coronel jefe Joaquín Yáñez y el comandante. Grande-Marlaska acordó el pasado 20 de mayo la imputación de los cinco mandos militares al considerarles indiciariamente autores de "un delito de imprudencia grave con resultado de distintas muertes".

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