Una ex militar de profesión destinada en Valencia ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Ministerio de Defensa por un presunto trato discriminatorio, tras haber sido apartada de las Fuerzas Armadas por no poder realizar las pruebas físicas anuales, ya que se encontraba embarazada y los médicos le habían prohibido realizar ningún tipo de esfuerzo al presentar una gestación de alto riesgo tras haber sufrido con anterioridad dos abortos. No obstante, Defensa alega que no se le renovó el contrato porque no presentó un informe que justificara su incapacidad para efectuarlas.

Según ha indicado a los medios el abogado de la demandante, Francisco Hernández, la demanda ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después de que el recurso administrativo interpuesto contra el Jefe del Estado Mayor del Ejército presentado en 2008 no lograra corregir la situación de la afectada.

Los hechos comenzaron en noviembre de 2008, cuando a Gloria, militar de empleo, se le denegó la "ampliación del compromiso", es decir, no se le renovó su plaza en las Fuerzas Armadas por no haber podido realizar las pruebas físicas pertinentes al estar embarazada "a pesar de tener una nota de 9 sobre 10 y de que era buena en todo", según su abogado. Un año antes, en 2007, la afectada tampoco pudo realizar estas Pruebas de Evaluación Física (PAEF) al sufrir dos abortos con legrado. Hernández ha insistido en que la demandante "sí habría pasado las pruebas físicas, como había hecho siempre, si hubiera estado en condiciones normales", y ha recalcado que en la ampliación del compromiso también se tienen en cuenta otros aspectos, como el hecho de que el aspirante a la renovación "no haya tenido muchos arrestos, tenga buena calificación y no haya tenido mucho absentismo, aspectos que Gloria sí cumplía".

Con todo ello, la militar perdió su plaza en noviembre de 2008 e interpuso el citado recurso ante el Jefe del estado Mayor del Ejército, en un momento en el que, según ha indicado el letrado, "la propia ministra de Defensa, Carme Chacón, había hablado de favorecer la integración de las mujeres en el Ejército". Asimismo, ha indicado que se puso en contacto en tres ocasiones con el propio Jefe del Estado Mayor del Ejército y con el Observatorio de la Mujer, todas ellas sin éxito.

El abogado ha lamentado la persistencia de "mentes cuadriculadas" en el seno del Ejército, que amparándose en "normas internas" apartan del cuerpo a una mujer "por el simple hecho de estar embarazada". Ha indicado que en aquel momento intentó, también sin éxito, trasladar el caso a la titular de Defensa, y espera que sacándolo ahora a la luz llegue a los oídos de Chacón, ya que "Gloria lleva más de un año en la calle y el recurso planteado podría no resolverse hasta 2012".

No justificó documentalmente su situación

El Ministerio de Defensa asegura que la militar no ha sido expulsada, sino que no se renovó su contrato por no haber presentado un informe que justificara su incapacidad para efectuarlas, como es preceptivo en los casos de gestación o problemas de salud. Según han precisado fuentes del Ejército de Tierra, la denunciante no presentó en ningún momento pruebas que justificaran la imposibilidad de someterse a las pruebas físicas, un requisito imprescindible para la denominada "ampliación del compromiso". Asimismo, han detallado que la ex militar no sólo no se presentó a las pruebas en 2007 y 2008, tal y como afirma su abogado, coincidiendo con los dos abortos y el embarazo, sino que no se había presentado a las mismas desde 2005.