El alto el fuego decretado ayer por ETA se produce tras más de un año sin atentados mortales y con una banda terrorista muy debilitada y acosada en todos los frentes, policial, judicial y político, no sólo en España, sino también en Francia y en Portugal, donde pretendía reeditar su antiguo santuario francés.

Desde la ruptura del último alto el fuego, con el atentado de la T-4 en diciembre de 2006, ETA ha sido descabezada en seis ocasiones, la última el 20 de mayo, con la caída de su número uno, Mikel Carrera, alias Ata, y de quien iba a sustituirle, su lugarteniente en el aparato militar, Arkaitz Agirregabiria.

Uno tras otro han sido detenidos todos los jefes de la banda, desde el histórico Francisco Javier López Peña, alias Thierry, el 20 de mayo de 2008, hasta el más duro de los duros de los dirigentes de ETA y responsable de la ruptura de la última tregua, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, arrestado en noviembre de 2008. Sin pausa, la banda ha sufrido golpes incesantes en toda su estructura, con más de 400 miembros de ETA detenidos desde 2007, 68 de ellos en el presente año, lo que ha ido dejando muy maltrecha su capacidad de atentar. De hecho, el último atentado mortal se produjo el 30 de julio del año pasado en Mallorca, cuando fueron asesinados los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá Lezaun. Eso sin contar el asesinato del policía francés Jean-Serge Nerin en un tiroteo con miembros de ETA el pasado 16 de marzo en Francia.

El desmantelamiento de la fábrica de bombas en la localidad portuguesa de Óbidos el pasado mes de febrero también supuso un durísimo golpe para la banda, que confiaba en poder escapar del acoso policial en España y Francia.

"Si ETA no ha atentado es porque no ha podido, no porque no haya querido", resumía hace unas semanas el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya advertía a la banda de que ya no valen treguas temporales, sino el abandono definitivo de las armas.

Ante los rumores insistentes sobre el inminente anuncio de un alto el fuego en los últimos meses, el titular de Interior descartaba cualquier tipo de diálogo con ETA y reiteraba la estrategia del Gobierno: "detener, detener y detener hasta que esto acabe".

En el frente político, el cerco policial y judicial también se ha cerrado un poco más, con la detención en octubre del año pasado de siete destacados miembros de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, cuando planeaban "renovar" la Mesa Nacional de la formación ilegalizada. Con Batasuna entre rejas, la llamada izquierda abertzale ha intentado buscar algo de oxígeno firmando un acuerdo con Eusko Alkartasuna en el que establecen como objetivo común la creación de un Estado vasco independiente y reclaman a ETA "un alto el fuego permanente y con verificación internacional". El pasado sábado, el secretario general de EA, Pello Urizar, aseguró que a la banda no le iba a quedar "más remedio" que responder positivamente cuanto antes a la demanda de alto el fuego de su partido y de la izquierda abertzale.

Entretanto, la disidencia de los presos etarras ha ido también en aumento y han sido muchos los reclusos que han roto la disciplina de la banda o que directamente han sido expulsados de ETA. En los últimos meses, el Ministerio del Interior ha ido agrupando en las prisiones de Zuera (Zaragoza), Villabona (Asturias) y Nanclares de Oca, en Álava, a un nutrido grupo de presos que, de una forma u otra, se han alejado de la banda. El caso más paradigmático es el de la etarra Idoia López Riaño, La Tigresa, uno de los miembros más sanguinarios de la historia de ETA, que fue trasladada a finales del mes de junio a la prisión de Nanclares, después de que firmara un escrito en el que se desmarcaba de la organización terrorista. Al aumento de la disidencia en las cárceles ha ayudado sin duda la detención en el mes de abril pasado de una decena de abogados del entorno de la banda que se encargaban, entre otras tareas, de mantener una férrea disciplina en el colectivo de presos.