Los jueces vascos se sienten "en el punto de mira principal" de la banda terrorista ETA. Las últimas decisiones judiciales adoptadas contra ETA y su entorno, especialmente los procesos de ilegalización abiertos contra ANV y el PCTV, incrementan notablemente el riesgo de atentados para jueces y magistrados, lo que ha motivado que los máximos representantes de la Judicatura vasca hayan pedido a los responsables de Interior de los Gobiernos vasco y central que refuercen la protección a los jueces que ejercen en Euskadi. Concretamente han pedido que se les dote a cada uno de ellos de doble escolta y de un vehículo propio. 

Fue el pasado lunes, en una reunión que mantuvieron en Bilbao altos cargos de la judicatura del País Vasco y representantes del Ministerio del Interior y de la Consejería de Interior del Gobierno vasco. Allí estaban, por parte de los jueces, estuvieron en representación de la Sala de Gobierno del TSJPV, participaron el presidente, Fernando Ruiz Piñeiro, el magistrado de la Sala Civil y Penal del alto Tribunal vasco, Antonio García, el juez-decano de Bilbao, Alfonso González Güija, y el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior, Juan Luis Ibarra. Por parte del Gobierno central estaban el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, y por parte del Ejecutivo vasco el máximo representante era el viceconsejero de Seguridad, Mikel Legarda.

En esta reunión los jueces expresaron a Legarda y Camacho la necesidad de extremar y aumentar las medidas de seguridad que protegen a los magistrados que desarrollan su actividad en el País Vasco ante el alto riesgo de atentados, incrementado tras la apertura de los procesos de ilegalización de ANV y del PCTV, un extremo que reconocieron los responsables de Interior tanto del Gobierno central como del Ejecutivo de Vitoria.

Y teniendo esto en cuenta, los jueces vascos necesario "que se generalice el módulo de protección de doble escolta y vehículo para todos aquellos jueces que así lo soliciten". Es decir imponerles doble escolta y un coche para cada uno a los magistrados que desarrollen su actividad en Euskadi. En este punto hicieron saber a los responsables de Interior de Moncloa y Ajuria Enea que la protección a través de un escolta sólo sirve de elemento "disuasorio" y no ha sido considerada nunca por este colectivo como "una medida suficiente y fiable".

Pero, si bien tanto Camacho como Legarda reconocieron -"sin alarmismo" y "sin un discurso dramático-- que "las actuaciones judiciales contra el entorno de ETA" y los procesos de ilegalización "son factores que contribuyen a colocar a los jueces en el punto de mira principal", también advirtieron que acceder a la peticiones de los magistrados vascos entrañaría muchas "dificultades". Además señalaron que con motivo de las elecciones generales, se ha puesto doble escolta a los miembros de las Juntas Electorales y que podría mantenérsela después de los comicios. 

Una respuesta que no dejó nada satisfechos a los jueces vascos, que exigieron un "esfuerzo" a Camacho y Legarda y afirmaron que, aunque no hubo una "negativa rotunda" a sus peticiones y se comprometieron a estudiarlas y estudiar "situaciones más concretas y específicas", sus exigencias no han sido aceptadas.