RAJOY suele comentar a sus ministros que la primera mitad de la legislatura había que dedicarla a las reformas, lo que exigiría un enorme sacrificio a los españoles y, la segunda, a recoger los frutos de esas medidas. La prioridad en los dos primeros años era realizar profundos cambios en las estructuras económicas para crear empleo y en los dos segundos aprobar una serie de leyes de fuerte contenido social con las que dejar una nueva estructura en España que permita afrontar en el futuro cualquier situación adversa. Está tan convencido de que esos cambios son absolutamente indispensables para que el país vaya a mejor que no le afectan las críticas que están recibiendo algunas de las medidas y proyectos que ha puesto en marcha o que pretende ponerlos a medio plazo, como la reforma de las pensiones, la ley de calidad de la enseñanza o la ley de seguridad ciudadana.

De las iniciativas tomadas en sus primeros dos años de Gobierno, de la que se siente más orgulloso es de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada con gran polémica en tiempos de Rodríguez Zapatero y que ha tocado desarrollar al Ejecutivo de Rajoy. Gracias a esa ley se han empezado a ordenar las administraciones públicas, tanto la central como las autonómicas y municipales, y se ha reducido considerablemente el gasto. Otra de las leyes aprobadas en la primera parte de la legislatura a la que da gran relevancia es la reforma laboral que, de momento, ha sido acogida positivamente por los inversores, tanto españoles como extranjeros, y que el presidente considera que a muy corto plazo va a suponer creación de empleo porque la llegada de nuevos inversores más el reajuste que ha habido en miles de empresas al aplicar la reforma las pondrán en mejor situación para afrontar nuevas contrataciones. Y, siempre según sus colaboradores, una de las cuestiones que le llenan de orgullo es haberse empeñado en no pedir el rescate a la Unión Europea a pesar de las presiones para que lo hiciera, algunas de ellas procedentes de varios de sus ministros, que no veían la posibilidad de salir adelante sin el rescate. Rajoy se limitó a pedir el rescate bancario para realizar la necesaria reestructuración del sistema financiero, pero alegaba que si se pedía el rescate los españoles quedarían sumidos en la pobreza al menos durante diez años, como ha ocurrido en otros países rescatados, mientras que tal como él había diseñado su plan, sin rescate pero con reformas profundas impulsadas desde el Gobierno, tras dos o tres años de dificultades se podría echar a andar.

Para la segunda mitad de la legislatura el presidente quiere completar la reforma de las administraciones públicas con un seguimiento exhaustivo de las medidas que toman los gobiernos regionales y municipales para cumplir con la Ley de Estabilidad. De momento se han reducido más de 500 organismos oficiales, y unos 200 más están a punto de ser disueltos. Eso ha generado paro, pero en la mayoría de los casos se ha intentado recolocar a quienes formaban parte del personal contratado para esos organismos que en su mayor parte eran obsoletos y asumían funciones que ya realizaban otras instancias. También en los dos próximos años se van a acometer una serie de reformas administrativas e informáticas que pretenden, además de abaratar costes, agilizar la burocracia. Entre esas reformas se encuentra la central de compras, la unificación de los registros civiles, la facturación electrónica que permitirá pagar el IVA sólo cuando se haya cobrado la factura, la receta electrónica generalizada para toda España, dar más competencias al BOE como vía de información sobre las decisiones de los distintos organismos del Gobierno, unificación de imprentas de los distintos ministerios y organismos oficiales, y además la ley de mercado único, que permitirá a las empresas y autónomos a realizar una sola tramitación válida para todas las comunidades y ayuntamientos.

Para todo ello se ha creado en la Vicepresidencia una Oficina de la Reforma, de la que forman parte varios funcionarios de alto nivel, coordinados por el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Jaime Renovales. Uno de los aspectos más significativos de esta gran reforma, que se completará antes de las elecciones generales, es que se realizará con un calendario de objetivos a cumplir en fechas concretas. Así, además de establecer esa necesaria reforma estructural, se satisface a las autoridades de la UE que llevan años exigiendo a España que realice una reestructuración profunda.

Se completará la reforma de la Justicia, Fátima Báñez pondrá en marcha su nueva Ley de Pensiones y las medidas que ya tiene preparadas para promover el empleo juvenil, se abordará la reforma de la ley del aborto -aunque había ministros que aconsejaban aplazarla porque es el prototipo de ley que siempre crea polémica- y se llevará adelante la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Ésta ha provocado mucha tensión los últimos días porque prohíbe manifestarse ante sedes institucionales y el PSOE la calificó de "ley de la patada en la boca", pero recoge aspectos mucho más amplios que sin embargo apenas han merecido la atención de la oposición: agresiones a fuerzas de seguridad, destrucción de mobiliario urbano, utilización de las redes sociales para humillar y vejar a las personas, botellón y prohibición de ejercer la prostitución o vender droga cerca de centros escolares, entre otras actividades que a partir de esa ley serán consideradas delitos.

Además, el Gobierno se dispone a afrontar en esta segunda etapa de su mandato varios retos políticos: el principal, Cataluña. Rajoy no va a admitir nada que suponga la celebración de un referéndum y utilizará todos los medios legales de los que dispone para impedirlo. Segundo reto: salir bien de las varias elecciones que se celebran en estos dos años. Las primeras serán las europeas de primavera, un año más tarde se celebrarán las autonómicas y municipales y en noviembre de 2015 las generales. Los datos e informes que maneja el Gobierno apuntan que el PP sufrirá un castigo en las europeas, como le ocurrirá al PSOE, porque crecerán partidos minoritarios como IU, UPyD y Ciutadans; en las municipales, el PP también perderá presencia no sólo por votos, sino porque está obligado a conseguir mayorías absolutas para gobernar y no va a ser capaz de repetir el éxito de 2011 por culpa de los ajustes económicos a los que se han visto obligados presidentes autonómicos y municipales.

En cambio, cree el Gobierno que las generales se presentan con mejores perspectivas de lo que indican los sondeos porque, siempre según los informes que maneja el Ejecutivo, a la hora de la verdad los españoles se dejan llevar por su sentido de la responsabilidad cuando deben elegir a quien va a gobernar el país durante los próximos cuatro años y se sienten menos inclinados a votar a los partidos minoritarios que con frecuencia caen en el populismo y en propuestas demagógicas que no tienen más objeto que captar votos.

Y eso sí, Rajoy -en eso hay unanimidad entre sus colaboradores- no quiere perder de ninguna manera la alcaldía de Madrid. Buscará un candidato o candidata capaz de ganar por mayoría absoluta. ¿Quién? No ha dicho una palabra, ahí no hay más que especulación y rumorología.