SI en vez de ser el actual ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, hubiera sido Rodríguez Zapatero o alguno de sus leales, la presunta vuelta de tuerca para que los responsables públicos manirrotos acaben pagando el déficit público en vena con prisión de más un día sería una ocurrencia o un globo sonda.

Pero no, Montoro lleva unas cuantas semanas en el cargo y goza aún de esos 100 días de confianza que dan para algún que otro exceso verbal o gilipollez (con perdón).

Y, además, el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que presidió le salió de dulce. Con la política de la zanahoria de 8.000 millones (más 3.000 millones) y la línea de créditos ICO para proveedores y el palo de una intervención hacendística con marchamo de gobernanza europea, el jiennense lo bordó, casi salió a hombros de los consejeros autonómicos del ramo, que, sin excepciones, elogiaron el chute de liquidez que les proporcionó a porta gayola.

Henchido y somnoliento -la entrevista radiofónica fue a las 08:30, una hora excesivamente comunista para un liberal como él- lanzó una ocurrencia que debió madurar con la almohada y poco más, ya que en la rueda de prensa de la noche anterior no dijo ni pío; más allá, eso sí, de ponerse serio en el nivel de exigencia a las comunidades autónomas en el cumplimiento del déficit público.

Aunque posiblemente muera en los próximos días, una vez que los mercados se den por enterados -o no, que diría Rajoy- de la firmeza carcelaria del Gobierno del PP, el asunto tendría su cosita erótico-fantástica si, como propuso el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, la iniciativa penitenciaria tuviera efectos retroactivos.

No sería exactamente como dijo ayer el mismísimo lehendakari Patxi López, que sólo alcanzó a ver la paja en el ojo ajeno -léase los imputadísimos presidentes del PP Camps y Matas- sino también algunos noveles diputados del PSOE.

En cualquier caso, habrá que esperar a ver qué opina de esta popular iniciativa el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, artífice del 25% de toda la deuda acumulada de los ayuntamientos españoles.

Siete mil millones de vellón de trampa dan, desde luego, para una segunda parte de Todos a la cárcel, con Baltasar Garzón empurado, por supuesto, por el Supremo por ordenar unas escuchas contra unos señores corruptos que camparon a sus anchas gracias a un montón de políticos a los que Rajoy, antes de tener toda la información, puso como modelos a seguir.