Todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados recurrieron ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley que reforma el Código Penal al estimar que la prisión permanente revisable que regula es una "cadena perpetua encubierta" que esperan derogar durante la próxima legislatura.

El recurso contra dicha norma, que entrará hoy en vigor, fue firmado ayer a mediodía en la Cámara Baja por los diputados Miguel Ángel Heredia (PSOE), Carles Campuzano (CDC), Antoni Picó (UDC), José Luis Centella (Izquierda Plural), Pedro Quevedo (Nueva Canarias), Aitor Esteban (PNV), Olaya Fernández (BNG), Joan Balldoví (Compromís) y Rafael Calduch (UPyD).

Los recurrentes alegan que la prisión permanente revisable vulnera cuatro artículos de la Constitución, en concreto el 15.1, que prohíbe penas inhumanas; el 17, que regula el principio de proporcionalidad; el 25.1, ya que no es una pena determinada sino que se prolonga en el tiempo incluso hasta la muerte del reo, y el 25.2, al restringir la posibilidad de reinserción.

Tras la firma del recurso el diputado del grupo socialista, el que ha elaborado el recurso, Miguel Ángel Heredia, dijo que se impugnan doce artículos del Código Penal que regulan esa nueva pena.

"La cadena perpetua que quiere el PP no se va a aplicar nunca en nuestro país. El PP se cree perpetuo pero no lo es y en cuanto que Rajoy salga del Gobierno habrá una nueva mayoría que derogará la imposición que hace frente a todos los grupos", añadió.

Explicó que la nueva pena contradice los referidos artículos de la Constitución, el primero el 15.1 que establece la prohibición de penas inhumanas y puso como ejemplo que "tampoco la pena de muerte sería constitucional si se la sometiera a la condición de ser revisada en un determinado plazo".

Añadió que la prisión permanente revisable vulnera los principios de proporcionalidad y de culpabilidad y el derecho a la libertad que regula el artículo 17 de la Constitución, ya que a diferencia de otras el tribunal no puede graduar esta pena en función de la gravedad del delito cometido ni permite que no se imponga atendiendo a las circunstancias personales del autor.

En tercer lugar afirmó que es contraria al principio de legalidad penal del artículo 25.1 de la Carta Magna "porque no es una pena determinada y podría prolongarse hasta su muerte". Por último indicó que es contraria al mandato del artículo 25.2 de la Constitución por cuanto prácticamente restringe la posibilidad de reinserción, que no es posible al producirse la primera revisión a los 25 años.

El representante de CDC, Carles Campuzano, calificó la reforma de "populismo penal" mientras que el de UDC, Antonio Picó, consideró que endurece penas e introduce matrices ideológicos como la prisión permanente revisable.

Por Izquierda Plural, José Luis Centella denunció el "nuevo golpe constitucional del PP, que termina la legislatura con leyes autoritarias intentando dejar atado algo que el pueblo español desatará en los próximos meses" y estimó peligrosa la tendencia a un "Estado represor cuando hay que abrir canales de convivencia".

Aitor Esteban (PNV) comentó que su partido no está por el "modelo de Estados Unidos sino por el de los países del norte de Europa".

Rafael Calduch, de UPyD, advirtió de que se puede dar la paradoja de que la pena sea revisada antes incluso de que por ejemplo un terrorista cumpla íntegramente su pena. Joan Balldoví, de Compromís, hizo una llamada al consenso , y Olaya Fernández, de BNG, llamó la atención de que la actual es la única legislatura en que los grupos de la oposición se han unido en su mayoría para recurrir "leyes injustas".