Los grupos parlamentarios han emplazado al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, a que explique las decisiones judiciales que, como la condena al juez Baltasar Garzón, provocan la "convulsión" y desconfianza de los ciudadanos. Así lo han destacado la mayoría de los portavoces de las fuerzas políticas durante la comparecencia en la Comisión de Justicia de Dívar, que aunque había sido convocada para presentar la Memoria de 2010 del CGPJ ha derivado en una mayoritaria petición de explicaciones al presidente del Supremo.

Una de las intervenciones más críticas ha sido la del diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, quien, tras mostrar su honda preocupación por la sentencia que ha condenado a Garzón a 11 años de inhabilitación, ha advertido a Dívar de que "tiene entre las manos un caso Dreyfus en España". Llamazares ha insistido en que no acata ni respeta la sentencia del Supremo, en la que, a su juicio, ha prevalecido el prestigio corporativo del tribunal sobre la verdad, sobre la justicia y reparación a las víctimas del franquismo, a las víctimas del terrorismo y sobre la verdad en la lucha contra la corrupción. "Yo no conozco a ninguno de los miembros del Supremo, no necesito conocerlos, pero sí quiero que se haga la luz y usted tiene entre las manos un perjuicio irreparable a la democracia española, porque esta sentencia avergüenza a la mayoría de los ciudadanos" y es un escándalo internacional, ha dicho.

"El fantasma del juez Garzón planea sobre esta sala", ha afirmado poco antes el portavoz de ERC, Joan Tardá, que ha coincidido con su compañero en el Grupo Mixto Iker Urbina (Amaiur) en que determinadas decisiones judiciales justifican la percepción que tienen los ciudadanos de que la Justicia no es igual para todos. Tardá se ha vuelto a referir a Garzón para reprochar a Dívar: "Era uno de los suyos (...) y ahora han coincidido derechas e izquierdas en dejar muy claro de forma unánime que ya no era uno de los suyos". Desde el PNV, Emilio Olabarria ha aludido también a los casos mediáticos o "procesamientos extravagantes" que provocan -ha dicho- "convulsión en los ciudadanos". "Si los ciudadanos no pueden creer en el veredicto del Tribunal Supremo, solo nos queda creer en una hipotética justicia divina", ha subrayado Olabarria, mientras que la portavoz de CiU, Mercé Pigem, ha mostrado su preocupación por la "deslegitimación" de la Justicia.

A esa deslegitimación se ha referido también el socialista Julio Villarrubia, aunque en este caso ha apelado a la "responsabilidad" de todos, "pero más de unos que de otros", para hacer que el pueblo español crea en la Justicia, y ha pedido respeto y prudencia pese a que ha reconocido su discrepancia con algunas cuestiones recientes. Por su parte, Toni Cantó, de UPyD, ha interpelado también a Dívar sobre la "politización" e ineficacia de la Justicia y le ha pedido que matice las declaraciones de la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, cuando afirmó que "no todos los imputados son iguales", preguntada por la investigación judicial a Iñaki Urdangarín.

Por último, el portavoz del PP, José Miguel Castillo, ha salido al paso de las críticas que ha recibido el Supremo de algunos dirigentes políticos, frente a las que ha mostrado su absoluto respaldo a Dívar, al Supremo y a la labor de jueces y tribunales. Castillo ha lamentado la actitud de determinados responsables políticos, de los que ha dicho que van más allá de la crítica o la censura a las resoluciones judiciales "para rozar lo punible", y que entran en descalificaciones personales y graves ofensas a los miembros de los tribunales.

Dívar elude explicar la condena a Garzón

Dívar ha eludido en su respuesta a los grupos parlamentarios facilitar las explicaciones que éstos habían solicitado sobre la condena a Garzón alegando que nadie le ha nombrado "juez de jueces". "A mí nadie me ha nombrado juez de jueces y, por tanto, me abstendré de juzgar cualquier decisión del Tribunal Supremo y de otros tribunales; lo que sí hago es acatarlas y respetarlas", ha señalado Dívar en la comisión de Justicia del Congreso, donde ha añadido que no sabe qué quieren decir quienes afirman que no acatan ni respetan las sentencias, pero que también respeta su postura. El presidente del CGPJ ha dicho, no obstante: "No podemos deslegitimar las instituciones del Estado ni mucho menos descalificar personalmente a las personas que en principio actúan con probidad, honestidad y justicia, como son la mayor parte de los magistrados y jueces de España".

"España y la Justicia española, con sus defectos y sus críticas, es un Estado de Derecho en todos los sentidos y un Estado de garantías", ha señalado Dívar, que ha alabado el sistema de recursos que existe en la Administración de Justicia para corregir decisiones erróneas. A continuación, ha manifestado: "Ya quisiera yo que los políticos, cuando se puedan equivocar, y de hecho se equivocan en bastantes ocasiones, como todos los humanos, tuvieran la cantidad de recursos que tiene el Poder Judicial para corregir sus propios defectos".

El compareciente también se ha referido a la polémica suscitada cuando Gabriela Bravo habló del caso Urdangarin y dijo que "no todos los imputados son iguales". "Lo que quiso decir (Bravo) es que aunque todos somos iguales ante la ley, las circunstancias que rodean cada caso son diferentes, y la verdadera igualdad se hace tratando de forma diferente cosas distintas", ha dicho Dívar, que ha insistido en que la desigualdad no se da ante la ley, "sino ante los medios de comunicación y ante la expectación que genera cada caso en la opinión pública". El presidente del CGPJ ha asegurado, en este sentido, que "también los culpables tienen derechos" que deben ser protegidos y que en los casos de más trascendencia mediática se hacen "procesos paralelos en los que se procesa, sentencia y ejecuta".