Primer juicio a Garzón

Los policías dicen que Garzón exigía preservar el derecho de defensa de los imputados

  • Aseguran que la "cláusula" para guiar las intervenciones telefónicas que transcribían era la de excluir todo lo relacionado con el "círculo privado de las personas".

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Los policías que investigaron con Baltasar Garzón la trama Gürtel han defendido ante el Tribunal Supremo que el juez les dio la orden de salvaguardar el derecho de defensa "sobre cualquier cosa" en las escuchas a los cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, que seguían actuando desde prisión. Así lo han declarado varios agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la segunda sesión del juicio a Garzón por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre varios imputados en el caso Gürtel y sus abogados, por lo que se enfrenta a peticiones de inhabilitación de entre 10 y 17 años que las acusaciones han elevado a definitivas.

El jefe de la UDEF, José Luis Olivera, ha explicado que, para llevar a cabo esta tarea, la dinámica de trabajo consistía en excluir de las escuchas las que entendían que estaban "dentro del círculo privado de las personas", por lo que se aportaban sólo aquellas relacionadas con el hecho investigado. Un criterio que, ha subrayado, a veces es "difícil poder llevarlo a la práctica", porque en comunicaciones largas suelen cruzarse los temas, por lo que deben "mantener pequeños giros" que, aunque ajenos a la investigación, son necesarios para dar sentido lógico a la transcripción.

Preguntado por el abogado José Antonio Choclán -representante del presunto cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa- si en su mandamiento Garzón requirió intervenir de la misma manera las conversaciones genéricas que aquellas en las que participaban letrados, el inspector de la UDEF ha respondido que "el sistema de escucha es el que es" y que él transcribe "lo que se escucha". Sin embargo, ha recalcado que el magistrado decretó salvaguardar el derecho de defensa en la resolución en la que ordenaba interceptar las conversaciones. "Era la cláusula por la que nos teníamos que guiar en las intervenciones", ha insistido el agente, propuesto como testigo tanto por las acusaciones como por la defensa de Garzón, y que ha puntualizado que en un primer momento tuvieron que preguntar al juez para que aclarara cómo hacerlo. De esta forma, y gracias a la "fluidez de relación y comunicación" que existía con el magistrado, Garzón les precisó que él "asumía el rol a la hora de valorar lo que pudiera o no afectar" al derecho de defensa.

Al constatar la Policía que la actividad de la organización delictiva continuaba, ahora encaminada a la ocultación de su patrimonio, los agentes transmitieron verbalmente a Garzón la conveniencia de mantener intervenidas las conversaciones de Correa y de Pablo Crespo, ya detenidos. Y, en esa actividad, ha proseguido, "los abogados tenían esa capacidad de control, de dirección de estrategias" porque "eran los receptores de las instrucciones" de los internos.

El policía ha explicado que en las investigaciones sobre blanqueo la prioridad es "la intervención de bienes", por lo que trasladaron al juez la necesidad de "trazar alguna estrategia" para evitar que el patrimonio de los imputados se pusiera a nombre de terceros y, por tanto, fuera del alcance de la Justicia.

En todo ello ha coincidido un compañero de la UDEF que participó en la interceptación de las comunicaciones, que ha subrayado que el derecho de defensa que requirió el magistrado en su resolución era la "cláusula" que tenía que "guiar" su trabajo. También el funcionario del Juzgado de Garzón que se encargó en la Audiencia Nacional de la tramitación judicial del caso Gürtel, Vicente Maroto, ha dicho del juez que "siempre estaba muy obsesionado con quitar todo aquello que afectase al derecho de defensa". Según este testigo, la tarde en la que Garzón ordenó las escuchas, la fiscal anticorrupción Miriam Segura había advertido previamente al magistrado: "Baltasar, Baltasar hay que hacer algo con estas visitas a la cárcel, hay que hacer algo, hay que tomar la decisión ya". Precisamente, fue la fiscal la que realizó el expurgo junto a Maroto, que ha hecho hincapié en que, aunque "físicamente" sólo estaban él y Segura para desempeñar esta tarea, el "control" de "lo que tenía que quitar de la pieza" era de Garzón.

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