El modelo territorial y la economía copan las propuestas de resolución del debate

  • Los grupos han presentado 105 propuestas que serán debatidas y votadas este jueves en el pleno. Incluyen algunas de las medidas anunciadas por Rajoy.

El modelo territorial y una hipotética reforma de la Constitución junto a un paquete de medidas económicas y fiscales copan el grueso de las 105 propuestas de resolución que han presentado los grupos parlamentarios fruto del debate sobre el estado de la nación y que serán debatidas y votadas este jueves en pleno. Como era de esperar el PP ha agotado su cupo de 15 propuestas, en las que ha trasladado las medidas anunciadas durante los dos días de debate por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la mayoría de contenido económico y de ayuda a las familias.

Entre esas propuestas figura la reforma de la ley tributaria para que haya un mayor control sobre los grandes defraudadores y también la futura ley de "segunda oportunidad", para facilitar la reestructuración de la deuda de familias y empresas. Asimismo, consta el mínimo exento de cotización de 500 euros para los nuevos contratos indefinidos, así como la ampliación de la deducción fiscal por hijos a las familias monoparentales formadas por un progenitor y dos hijos.

También buena parte de las propuestas del PSOE se centran en el área económica y de empleo. Los socialistas instan, por ejemplo, al Gobierno a derogar la reforma laboral y a que redacte un nuevo estatuto de los trabajadores que ponga fin a la precariedad laboral y a la devaluación salarial. Alguna de estas propuestas del PSOE entra de lleno en el debate territorial, volviendo a reclamar una reforma de la Constitución para implantar un modelo federal que reconozca las singularidades de algunas comunidades autónomas y la renovación del sistema de financiación autonómica para que las regiones cuenten con más recursos.

El PNV también se ha sumado a la petición de una reforma de la Carta Magna, pero para reconocer la existencia de las "naciones vasca y catalana, distintas de la española", al igual que el BNG, ICV y Amaiur, que piden que se reconozca el derecho de autodeterminación y de convocar referendos. Abunda en esa reclamación ERC, que solicita al Gobierno que se respete el resultado de las llamadas elecciones plebiscitarias de septiembre y que, de ganar las opciones independentistas, se facilite la "cordial transición" a una república catalana. Por su parte, CiU, en el mismo día en el que el Tribunal Constitucional ha anulado la consulta soberanista y la ley de consultas catalana, reclama diálogo y negociación sobre el futuro de Cataluña y que el derecho a decidir no se solvente en los tribunales. Por el contrario, UPyD insta al Ejecutivo a eliminar los privilegios territoriales para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.

En materia de justicia y derechos, los grupos también han presentado una abultada batería de propuestas. Los socialistas comienzan pidiendo que no se llegue a aprobar la prisión permanente revisable en el nuevo Código Penal, ni tampoco la reforma de la ley del aborto. En sus quince iniciativas, el PSOE reclama la derogación de las tasas judiciales y de la ley de educación, así como diversas acciones en materia económica y de generación de empleo. También rescata sus medidas de lucha contra la corrupción planteadas en el pasado, propuestas sobre regeneración democrática que también han registrado la práctica totalidad de grupos parlamentarios, incluido el PP.

Por su parte, tanto la Izquierda Plural como CiU y UPyD han pedido una reforma del sistema electoral, aunque con matices muy diferentes. Mientras que IU y UPyD reclaman un sistema más justo y proporcional, CiU propone acabar con las listas cerradas y bloqueadas.

El terrorismo, que en anteriores debates hubiera destacado en las propuestas de los grupos, apenas tiene relevancia este año. Así, el PNV alude al fin del terrorismo de ETA y pide al Gobierno que adapte su política a la nueva situación después de más de tres años sin atentados. Reclama al Ejecutivo que, mediante el más amplio diálogo, desarrolle una nueva orientación de la política penitenciaria, "consensuada, dinámica y flexible".

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