Las trifulcas y las numerosas intervenciones protagonizadas en los últimos años por la Policía en las casetas juveniles situadas en el real de la Feria va a obligar a los adjudicatarios de estas instalaciones a disponer de puertas de acceso y salida de al menos diez metros de anchura. Así lo confirmaron a este periódico fuentes municipales, que precisaron que la exigencia ha sido trasladada a los responsables de estas casetas con base en la petición formulada por los propios mandos policiales.

"La Policía pidió ya en su momento que las puertas de entrada fuesen más anchas por temas de seguridad", expusieron las fuentes, que admitieron que este hecho ha provocado malestar entre algunos de los responsables de casetas. El motivo que esgrimen no es otro que al ampliarse el espacio de entrada y salida, aumenta también la dificultad para poder controlar el acceso a menores y a "gente problemática". En este sentido, argumentan que estarán obligados a controlar a más personal de seguridad que en años anteriores, con lo que ello redundará un aumento del coste económico.

Desde el Consistorio, por el contrario, se insiste en defender esta medida, por cuanto con la misma se minimiza el riesgo de problemas en caso de que sea necesaria una evacuación en una de estas instalaciones. "Si hay unas 400 personas en una de estas casetas, no es lo mismo sacarlas por una puerta de tres metros que hacerlo por una de diez", añadieron. Los adjudicatarios afectados pueden disponer, eso sí, de una fachada de hasta 20 metros de longitud, de la que tienen que cubrir al menos la mitad, dejando el punto de acceso en el centro.

"Algunos empresarios nos dicen que por qué esta medida no se adopta también en las casetas de las peñas y lo que les decimos es que en una caseta de ese tipo lo que hay son sillas y mesas y la ocupación no es la misma", añadieron.

De acuerdo con lo que señalaron las fuentes, este asunto parece haber generado más malestar entre los adjudicatarios de la veintena de casetas juveniles que el cambio de localización de las mismas y su traslado a un mismo enclave. Esta iniciativa, que ayer adelantó este periódico, fue impulsada por el concejal de Cultura y Fiestas, Miguel Briones, sin, al parecer, previa negociación y conversación con los adjudicatarios afectados.