Un año después de la carta de confesión con la que el ex presidente catalán Jordi Pujol dinamitó su legado político, la Justicia sigue encallada sin dilucidar el origen de su fortuna oculta, con la esperanza de que Andorra arroje luz y facilite el historial de movimientos bancarios de la familia. En un comunicado de apenas folio y medio remitido a los medios la tarde del 25 de julio de 2014, el que fuera presidente de la Generalitat durante 23 años y fundador de CDC asestó a la política catalana una de las mayores sacudidas de la historia democrática de Cataluña y descubrió los pies de barro de la figura de prohombre de la patria catalana en que se había erigido.

En la carta, rubricada con su firma, Pujol asumía que su mujer y sus siete hijos tuvieron ocultos durante décadas "unos dineros ubicados en el extranjero" procedentes de una herencia de su padre Florenci que, "lamentablemente", la familia nunca había tenido tiempo de regularizar. No tardó en saberse que los fondos que Florenci dejó a sus nietos -según la versión de Pujol- ascendían a 140 millones de pesetas y estuvieron depositados en la banca andorrana, primero en Andbank y después en la ahora intervenida Banca Privada de Andorra (BPA).

El ex presidente de la Generalitat explicó a la juez que la herencia procedía del intercambio clandestino de divisas a que su padre se dedicó durante el franquismo y esgrimió una carta manuscrita dirigida a su esposa en la que Florenci Pujol aludía al presunto legado familiar, pero hasta el día de hoy no ha aportado esa misiva al juzgado.

Las esperanzas de la juez y la Fiscalía Anticorrupción están depositadas ahora en las autoridades andorranas, a las que el pasado mes de marzo la juez pidió por tercera vez una comisión rogatoria para acceder a los movimientos bancarios de la familia.