El Ministerio de Fomento ha dado los primeros pasos para la 'relicitación' de las nueve autopistas de peaje en quiebra, entre las que se encuentra la AP-7 en el tramo Vera-Cartagena, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de dos contratos de servicios para la realización de las actividades preparatorias necesarias para volver a privatizar esas vías con problemas financieros una vez que vuelvan a revertir al Estado. En concreto, se licita un contrato de servicios para la elaboración del estudio de demanda y esquema de tarifas de las autopistas de peaje por 252.043 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La pretensión del Gobierno es anticipar el tráfico que recibirán las autopistas en un periodo de 25 años que servirá para determinar los posibles ingresos que van a generar, según los distintos modelos de precios aplicables y previsiones de movilidad.

Los esquemas tarifarios para la optimización del uso de las autopistas se completará con un modelo que contemple distintos escenarios futuros. El segundo contrato corresponde a los servicios para la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, así como los estudios de viabilidad económica-financiera para la licitación de la gestión de la conservación, mantenimiento y explotación de las autopistas con un presupuesto de 252.285 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. A partir de ese análisis, Fomento deberá dilucidar si la licitación se realiza en bloque o por paquetes de varios ejes con el objetivo de hacerlas más atractivas para los potenciales inversores. Fomento pretende relicitar las autopistas en quiebra reduciendo el peaje o no cobrando a los usuarios, al entender que sería la única forma posible de adjudicarlas después de un rescate que podría costar en su conjunto casi cuatro mil millones de euros más los gastos derivados de los litigios por las expropiaciones pendientes. Las nueve vías de altas capacidades revertirán en la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, el 15 de enero de 2018, según el convenio autorizado el pasado mes de julio por el Consejo de Ministros. Según el documento, Seittsa asume el 100% de las obligaciones de conservación, explotación y licitación de las autopistas, que saldrán posteriormente a concurso para volver a manos privadas en el último cuatrimestre de 2018 según las previsiones iniciales del departamento que dirige Íñigo de la Serna. La empresa pública ha comenzado ya a elaborar los estudios de viabilidad y demanda pertinentes, así como los pliegos para la licitación de las nueve concesiones con una previsión de que generen un beneficio neto de 34,4 millones de euros el próximo año, siendo los ingresos en su conjunto de 103,7.

La AP-7 fue planeada, licitada y construida durante los últimos meses del Gobierno de Aznar con el propósito de dar cobertura a las grandes urbanizaciones y residenciales que la crisis del ladrillo echó por tierra. Al ser una concesión, como ocurrió con otras tantas, es el Estado el que ha tenido que hacer frente al coste de esta infraestructura de 115 kilómetros en el trazado entre Cartagena y Vera que se puso en servicio en marzo de 2007 tras recibir una inversión de 650 millones de euros para canalizar los tráficos turísticos. El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ordenó en mayo la liquidación de la concesionaria, Autopista de la Costa Cálida (Aucosta), que se encontraba en concurso de acreedores desde 2013. Aucosta estaba formada por FCC, Ploder, Cajamar, Unicaja y las antiguas Bankia y CAM y en el momento en que se declaró el concurso el pasivo se aproximaba a los 550 millones de euros.

La autopista de peaje Vera-Cartagena alcanzó un promedio diario de 18.327 vehículos durante el pasado año, el mayor volumen que se registra desde 2011 y lo convirtió en el tercer ejercicio con crecimientos. Fomento afirmó que la media aumentó en un 9,9% con respecto al año anterior, mientras que en el conjunto de autopistas de pago en España el incremento fue del 5,6%. El 87,2% del tráfico registrado en 2016 se correspondió a vehículos ligeros, mientras que el 12,8% lo fue de vehículos pesados. Las nueve autopistas de peaje en quiebra que revertirán en enero al Estado a través de Seittsa son las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la autopista eje aeropuerto (M-12), la autopista Madrid-Toledo (AP-41), la autopista Ocaña-La Roda (AP-36), y los tramos de la circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera de la AP-7.