La llegada del ultra Quim Torra a la presidencia de la Generalitat es de importancia singular, porque su trayectoria es la de un ultra con afirmaciones y reflexiones propias de un agitador social con escaso o nulo uso de la inteligencia en su trayectoria política y social previa.

La situación política en Cataluña es extremadamente grave a tenor del discurso de investidura que hemos tenido ocasión de oírle al actual presidente catalán. Los planteamientos radicalmente despectivos hacia la mayoría social que actualmente no ha votado independentismo suponen toneladas de gasolina que pueden explotar a la menor chispa. El objetivo más noble de la política es el de la confrontación de ideas y proyectos que vayan dirigidos a mejorar la vida de la gente. Cuando desde cualquier opción ideológica se trabaja en ese marco, cualquier planteamiento es respetable y válido. Más aún si cuenta con el apoyo mayoritario de las urnas. Pero cuando se pone en riesgo la convivencia social tratando despectivamente y con planteamientos de supremacía a quienes no piensan como tú, deben encenderse todas las luces rojas porque la historia nos ha mostrado en demasiadas ocasiones que los ultras radicales y supremacistas han incendiado a la sociedad y han causado daños irreparables.

Puedo compartir las buenas intenciones del Gobierno cuando trata de actuar con prudencia en esta situación y actuar en base a hechos y no a palabras. Pero tengo que llamar la atención y reclamar una actuación contundente, consensuada y respetuosa con las leyes una vez que haya la más mínima decisión contraria a la democracia y a la convivencia.

En cualquier caso, resulta más imprescindible que nunca una propuesta concreta hacia Cataluña que permita seducir a quienes como catalanes se sientan decepcionados o escépticos con la España actual. Es exigible que los poderes públicos y las fuerzas políticas democráticas combinen la defensa de la democracia y la legalidad con la oferta de soluciones políticas al actual desafío territorial. Y tengo que reiterar que la propuesta que el PSOE hizo en 2012 con la llamada "Declaración de Granada" que se actualizó en 2017 con la que se hizo en Barcelona entre Pedro Sanchez y Miquel Iceta, es la única propuesta de renovación del pacto de convivencia que necesitamos con urgencia. Que los demás la mejoren es hasta posible. Que no hagan nada, es un drama.