Escribo en este diario desde hace algo más de un año. Cuando acepté este encargo, me propuse que mi columna semanal no se convirtiera en una extensión de mi labor profesional, sino, todo lo contrario, quise convertirla en el vaciadero por el que echar afuera gran parte de aquello que lo cotidiano no me permite. Aprovechar lo placentero de la escritura. De ahí que evite hablar de cuestiones jurídicas, y menos aún si las tengo presentes sobre el tapete de mi mesa. Pero toda regla general tiene su excepción confirmatoria y por eso hoy quiero exponer sucintamente un asunto complejo, por los intereses en juego, y al que entiendo que ha de dársele general conocimiento.

Lo que arraiga a Almería en Andalucía, además de su cultura, es la observación nítida por los almerienses de la capacidad que sus gobernantes, focalizados en Sevilla, tienen de poner solución a los concretos problemas con los que se encuentra una zona tan singular como ésta. Todos sabemos que sin el agua Almería está condenada a una aridez improductiva, de la misma manera que es conocido que, consciente de ello, por regla general, el tejido empresarial de la provincia procura un uso racional de ese líquido elemento. Pero es obvio que sin las necesarias herramientas jurídicas que permitan racionalizar y maximizar el uso del agua la batalla estará perdida. La escasez de lluvia depende de algo tan azaroso como la climatología y sus ciclos, pero la construcción de las herramientas que el Derecho exige para la explotación de los recursos hídricos existentes depende de la voluntad de la Administración que ostenta la competencia para ello: la Junta de Andalucía.

Siendo ello así, lo cierto es que, en la actualidad, en la comarca de Tabernas, donde se ha dejado florecer una importante agricultura bajo cielo, y tras más de quince años de un silencio atronador, con continuos expedientes concesionales silenciados, o lo que es peor, alentados solo en parte, la Junta de Andalucía, repentinamente, ha decidido precintar los manantiales y pozos que dan de beber a la vegetación que se ha plantado, y sancionar a los empresarios agrícolas que se instalaron allí el siglo pasado. No sé qué va a ser de esos huertos, ni de las importantes inversiones realizadas, pero si Almería permite que la Junta de Andalucía deseque una comarca como la de Tabernas, a ésta pronto le seguirá Níjar y el Poniente. Quien avisa no es traidor.