Adiós al limbo urbanístico

  • El decreto de la Junta sobre la legalización de viviendas que trata de corregir los errores del pasado ha sido tachado como una medida electoralista. Pero como decía ayer mismo un alcalde afectado: "Bienvenido sea el electoralismo, aunque llegue tarde"

IGUAL que el cardenal Ratzinger decidió un buen día borrar de un plumazo el limbo de los justos, ayer la Junta de Andalucía, tras un laborioso proceso encabezado por la consejera Josefina Cruz, venía a reponer sobre el mapa cerca de 300.000 viviendas irregulares en el mapa andaluz, unas 50.000 en la provincia de Málaga. Mediante un decreto, que en realidad viene a desarrollar la todavía vigente LOUA, que entró en vigor en 2003, aunque con efecto retroactivo desde el año anterior. Un texto legal del que no puede decirse que naciera con buen pie, porque además de ocasionar incontables problemas a la mayoría de los ayuntamientos, llevó a tierra de nadie a una importante cantidad de viviendas que se habían multiplicado, por muy distintas razones, por toda la geografía regional y que además, entonces, se metían en el mismo saco.

A todas luces no se trataba del instrumento urbanístico que precisaba la realidad andaluza, ya que está claro que no vino a resolver los problemas que motivaron su alumbramiento. Un nacimiento que se producía a la sombra de otro de los fenómenos producidos por el elevado y desordenado nivel de desarrollo de la época, el nuevo boom en el sector de la construcción, con las consecuencias de todos conocidas. Un texto legal que hubiera servido para impedir desmanes como, por ejemplo, los que tuvieron como escenario a la ciudad de Marbella, pero que, en el fondo, venía a criminalizar a todo un sector. Por otra parte, aquella legislación nacía, entre grandes críticas desde la mayoría de los sectores, que tardaron demasiado tiempo en ser escuchadas, además, sin dotar a los consistorios de los elementos suficientes para su aplicación, lo que originó todo tipo de agravios comparativos y, además creó a muchos alcaldes el enfrentamiento con los vecinos, lo que más tarde se convirtió en una fuga de votos cuyas consecuencias pudieron ser uno de los grandes motivos que llevaron al cambio político actual.

El intento de corregir los errores del pasado en esta materia, y enmendar las sucesivas chapuzas que han acompañado el proceso, ha llevado a más de uno a calificar esta medida de electoralista. Pero como decía ayer mismo un alcalde que ha bregado contra la LOUA en los últimos años, "bienvenido sea el electoralismo, aunque sea tarde". El regidor aseguraba que el decreto pondrá fin a una situación que, en muchas ocasiones, ha llegado a judicializar la vida municipal y a aportar pocas soluciones, mientras que ahora se podrán comprobar los efectos beneficiosos de la nueva norma, aunque no antes de las elecciones. Ya que, el citado decreto, además de crear un marco suficiente de seguridad jurídica, será un revulsivo para la vida de los municipios, entre otras cosas, por las necesidades de gestión que va a crear su entrada en vigor, empezando por la elaboración de los inventarios de viviendas. Aquí parece que la razón no asiste al Partido Popular en la reciente decisión de suprimir las oficinas comarcales de urbanismo, que ahora serán todavía más necesarias.

Por otro lado, la nueva legislación, que evidentemente creará frustraciones que no se deben obviar, no supondrá un coste para las arcas públicas, ya que el beneficiario de la normalización deberá correr con los gastos, sino que además puede suponer una fuente de nuevos ingresos para las exhaustas arcas municipales, lo que supone otro punto a favor. Aunque para otros, como Izquierda Unida, tan sólo nos encontramos con una ley de punto final que traspasa la patata caliente a los ayuntamientos.

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