El código penal y el ladrillo El extremo occidental de la Costa y la Axarquía acumulan gran parte de las infracciones

Alcaldes y ex alcaldes de 29 municipios, implicados en delitos urbanísticos

  • Cinco de los 32 regidores imputados han sido ya condenados por atropellos a la ordenación del territorio · El ex alcalde de Cómpeta, del PP, y el actual de La Viñuela, del PSOE, suman cada uno ocho causas por autorizar construcciones en suelo rústico

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Treinta y dos alcaldes y ex alcaldes de 29 municipios de la provincia están en la actualidad involucrados en procedimientos judiciales por delitos contra la ordenación del territorio o han sido condenados por permitir que se edificaran en sus municipios viviendas en suelos rústicos o no urbanizables.

El fenómeno de la delincuencia urbanística afecta a todos los partidos y a municipios de todas características. No obstante, se aprecian dos áreas en las que estos hechos son más frecuentes: el extremo occidental de la Costa, desde Marbella hasta Casares y la Axarquía. Se trata, por tanto, de territorios que han experimentado una gran presión inmobiliaria ya fuera siguiendo la estela del auge de la construcción de grandes urbanizaciones residenciales en la línea litoral o la nueva moda de las viviendas aisladas en el campo desatada en la última década. En estas zonas, al margen del color político, las autoridades locales se han visto enredadas en causas judiciales cuyo origen parece responder más a las expectativas inmobiliarias que a cualquier otro motivo.

En conjunto hay 14 alcaldes y ex alcaldes socialistas involucrados en estos procedimientos, mientras que la cifra de populares imputados o condenados se eleva a ocho. Además se contabilizan cuatro regidores de Izquierda Unida y otros seis vinculados a organizaciones andalucistas o independientes.

Entre los 32 implicados 14 siguen siendo alcaldes, cinco se mantienen como concejales, uno es cargo de confianza y sólo 12 han abandonado la política, de ellos cinco ya condenados. Entre los imputados que sin ser alcaldes mantienen sus escaños se encuentran José Luis Navas, de Sayalonga, y Juan Sánchez, edil de Izquierda Unida en Casares y actual presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. También siguen como concejales, aunque ahora en la oposición, el ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco (IU), Leonor García Agua (PP), ex alcaldesa de Cártama, pendiente de juicio por delito urbanístico y el ex regidor de Torrox, Francisco Muñoz (PSOE).

Los cinco penados son el ex alcalde de Sayalonga, condenado en primera instancia el pasado mes de noviembre a un año de cárcel y a siete de inhabilitación por autorizar una vivienda en suelo rústico. Además tiene pendiente otra causa en la que el fiscal le reclama cuatro años de reclusión por otros tantos delitos contra la ordenación del territorio.

El ex alcalde de Valle de Abdalajís Tomás Gómez (PP) se conformó en junio del año pasado con tres años de prisión por 12 delitos urbanísticos por los que la Fiscalía le había pedido inicialmente 30 años de cárcel, al tiempo que el popular Leovigildo López Cerezo abandonó en 2003 la política activa y optó por no presentarse a la reelección en Cómpeta. En 2008 fue condenado a un año de multa por prevaricación urbanística y siete de inhabilitación. Sobre él pesan aún ocho causas judiciales que están en tramitación en los juzgados de Torrox. Todas tienen su origen en denuncias de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga.

El tercer condenado es Enrique Bolín, ex alcalde independiente de Benalmádena, al que un juzgado le impuso ocho años de inhabilitación y un año de multa por prevaricación urbanística a finales de 2008.

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz acumula varias condenas por delitos contra el territorio, mientras que permanece procesado en el caso Malaya, donde también ostenta un rol destacado la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, que al margen de este macroprocedimiento acumula varias causas urbanísticas todavía en trámite.

Pocos procedimientos penales por infracciones urbanísticas han puesto fin a la carrera política de los principales implicados. Sólo 12 han abandonado y casi todos están relacionados con las operaciones más sonadas en las que se investigan cócteles combinados de delitos contra el territorio y corrupción política. En este bloque figuran los implicados en las operaciones Malaya (Julián Muñoz y Marisol Yagüe, en Marbella, del GIL), Astapa (Antonio Barrientos, en Estepona, expulsado del PSOE), Arcos (José Manuel Martín Alba, de Alcaucín y expulsado del PSOE) y La Parrada (Pedro Tirado, de Manilva y perteneciente al PDEM). Todos ellos pasaron periodos de prisión preventiva y obtuvieron la libertad tras prestar cuantiosas fianzas.

Además, dejaron los cargos públicos ex regidor de Benalmádena Enrique Bolín, que puso fin a su largo periplo político tras perder la alcaldía y antes de ser condenado, Zacarías Gómez (IU, Pizarra) que no optó a la reelección aunque es cargo de confianza en la Diputación de Málaga, y los alcaldes populares de Valle de Abdalajís, con condena firme, y Cómpeta, que decidió no concurrir en las últimas elecciones municipales antes de ser penado. Tampoco permanecen en activo Jorge Luis Fernández (PP, Salares) y Francisco Manuel Vázquez (PSOE, Ojén).

Los 14 restantes no sólo mantienen sus escaños sino que mayoritariamente disfrutaron de sonadas victorias electorales en los últimos comicios municipales. El ejemplo más evidente fue el del popular Juan Martín Serón que revalidó su mayoría absoluta en Alhaurín el Grande pese a que acababa de ser implicado en el caso Troya, en el que también se indaga corrupción política y urbanística. Los imputados que actualmente tienen más procedimientos urbanísticos pendientes son Juan Millán (PSOE, Viñuela) con ocho causas y Leovigildo López Cerezo (Cómpeta), con otras ocho.

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