La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado al actual instructor del caso Malaya, Óscar Pérez, que repita un auto del magistrado Miguel Ángel Torres, en el que ordenaba el embargo de una finca urbana de Marbella, porque no se encuentra debidamente motivado.

Esta propiedad pertenece a la sociedad Yambali, de la que fueron socios, a través de otra mercantil, primero el ex comisario de la Policía Nacional Florencio San Agapito y el ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román. Posteriormente, el granadino José Ávila Rojas tomó la mayoría de Yambali, de la que también fue administrador el abogado Juan German Hoffman.

La Sección Primera de la Audiencia indica que en el auto judicial, rubricado el 5 de febrero de este año, es "evidente la falta de motivación" por lo que ni el interesado ni el tribunal pueden "conocer los motivos" que llevaron al juez a firmar esta resolución, de ahí que le ordene que vuelva a dictar otro auto sobre este asunto, pero esta vez debidamente argumentado.

Además, este mismo tribunal revoca otro auto judicial de Miguel Ángel Torres y ordena que se devuelvan a Julio Blasco-Bazo una vivienda y un garaje intervenidos judicialmente en el transcurso de la operación Malaya.

El tribunal señala que no hay ningún indicio que permita asegurar que estos bienes inmobiliarios y las cuentas de este hombre en realidad pertenecían al cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. A Blasco-Bazo le fue embargada por el juez del caso Malaya otra finca.