La Audiencia juzgará de nuevo a la ex directora de la residencia condenada

  • La mujer estafó presuntamente a una pareja de ancianos extranjeros

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar de nuevo hoy a la ex dueña y ex responsable de la residencia Nuestra Señora de Gracia de la localidad de Alhaurín de la Torre por la presunta estafa a una pareja de ancianos extranjeros, que depositaron en ella "su plena confianza". Según los escritos iniciales de las acusaciones, tanto pública como particular, la acusada obtuvo a su favor en agosto de 2003 un poder notarial por parte de las víctimas. Así, entre el 23 de septiembre y el 14 de octubre de dicho año, supuestamente la mujer retiró de una cuenta corriente de éstos 4.000 euros que "incorporó a su patrimonio".

Asimismo, según las conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, la acusada utilizó el poder notarial y suscribió dos escrituras de constitución de hipoteca en garantía de pago de dos letras por importe de 42.000 y 36.000 euros, respectivamente, sobre una finca propiedad de los perjudicados. Según los escritos, la mujer realizó esta operación "sin conocimiento" de los ancianos. Al no abonarse las letras, se inició la ejecución hipotecaria ante un juzgado de instrucción de la capital, y, aunque según indica la acusación particular, se llegó a señalar fecha de subasta, el proceso finalmente quedó en suspenso.

Para las acusaciones, se trata de un delito continuado de estafa, por el que el ministerio público solicita seis años y medio de prisión, mientras que la representación de la perjudicada -el marido ha fallecido- pide ocho años de cárcel. En cuanto a la multa, en ambos casos se insta al pago de 14.400 euros. Respecto a la responsabilidad civil, el fiscal solicita una indemnización de 4.000 euros, cantidad a la que la acusación particular suma 50.000 euros por el daño moral ante el "terrible desasosiego" causado y la cantidad que se determine por "haberse gravado con sendas hipotecas su vivienda". La acusada ya fue juzgada en junio por este delito por la Sección Novena de la Audiencia, que la condenó a seis años y medio de prisión. No obstante, la defensa de la mujer ha presentado un recurso de casación basado en infracción de ley por indebida aplicación del delito de estafa y por error en la apreciación de la prueba.

Esa sentencia señaló que la mujer actuó para "obtener un beneficio económico ilícito de forma fraudulenta", haciendo creer a varios ancianos que iba a gestionarles una solicitud para el cobro de una pensión o ayuda, para lo que tenían que firmar un contrato, en el que "se hacía constar que se cedían o donaban sus viviendas". Así, se declaró probado que la acusada logró "que algunos ancianos residentes firmaran a su favor un poder general notarial para disponer de sus bienes, sin que éstos supieran que habían firmado el poder o desconociendo su contenido".

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