Autobuses Portillo "aguantó y dio largas" para no pagar a Roca

  • El abogado del grupo afirmó que el presunto cerebro de la trama y el concejal Victoriano Rodríguez ejercieron "presiones continuas" a los directivos del grupo de transportes

El presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, y el ex concejal de Transportes del Ayuntamiento de Marbella, Victoriano Rodríguez, presionaron a los directivos del grupo al que pertenece la empresa Autobuses Portillo para que entregaran dinero a cambio de renovar la concesión del transporte urbano y la gestión de la estación en el municipio. Al menos así lo explicó ayer el letrado Gonzalo Rodríguez Mourullo, para explicar el contenido de las grabaciones telefónicas en las que se alude a Joaquín Martínez-Vilanova, director general de FCC-Connex, la matriz de Portillo.

"Llegaron a precintar los depósitos de combustible", explicó el abogado ante el tribunal para aclarar el alcance de las "presiones" que sufrió la empresa para que entregara dinero a Roca y a Victoriano Rodríguez.

En esta tesitura "la voluntad fue aguantar, dar largas y resistir", de ahí que cambiaran los importes de las cantidades, las fechas para entregar con dinero con el fin de "ganar tiempo", según explicó el letrado de Martínez-Vilanova. En este sentido argumentó que el directivo de FCC-Conex "ni pagó ni ordenó nunca pagar".

Durante la sesión de ayer también se expuso el recurso de José Andrés León Rull, director financiero de la promotora Aifos, contra el primer auto de procesamiento dictado en el caso Malaya.

La defensa de este acusado se desentendió de los posibles pagos que hubiera podido hacer la empresa. El letrado José Soldado indicó que el núcleo duro de la compañía lo conformaba el comité de dirección, constituido por el presidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado, el director general, Jenaro Briales, y el director comercial, Francisco García Lebrón. Además, Ruiz Casado estaba también al frente de la sociedad limitada Gertan, "que se utilizaba para los pagos pendientes de justificación". Entre estos aludió a los pluses que se entregaron al personal de Aifos y al pago, "parte en B", de una parcela adquirida por el grupo en Almería.

Según el abogado, León Rull no tenía firma, capacidad reconocida ni nada que ver con Gertan. Su única relación fue gestionar transferencias de Aifos a esa sociedad pero sin conocer su último destino.

José Soldado aseguró que era el director comercial, Francisco García Lebrón, quien "entregaba los cheques a las personas que enviaba Roca". También era este directivo quien asumía las negociaciones con el Ayuntamiento de Marbella, mientras que su patrocinado era un "mero contable". "¿Pudo imaginar algo constitutivo de delito?", se preguntaba ayer el abogado José Soldado ante el tribunal de la Sección Primera, para responder a renglón seguido que el propio presidente de la compañía ofreció esta respuesta durante su declaración al indicar que era "posible que imaginara algo. Esto quiere decir que se lo ocultaron y lo más que pudo hacer fue imaginar".

Aifos juega un papel esencial en el origen del caso Malaya. De hecho, fue la declaración del jefe de los servicios jurídicos de Marbella, Jorge González, quien desató las investigaciones cuando habló de pagos ilegales al ser llamado a declarar en el procedimiento que se instruía en 2005 en relación con el exceso de volumen de edificabilidad de los hoteles Guadalpín que esta promotora posee en Marbella.

Ayer también se vieron en la Sección Primera de la Audiencia los recursos contra el auto de procesamiento interpuestos por los máximos directivos de Aifos. El letrado de estos acusados fue especialmente conciso al reclamar al tribunal que se pronuncie sobre los elementos que conformaron el primer recurso que formuló ante el propio juez instructor. No obstante, la defensa de Ruiz Casado, García Lebrón y Briales criticó que durante el procedimiento se ha lesionado "el derecho de defensa" hasta el punto de contener "vicios de nulidad".

El tribunal también oyó en la sesión de ayer los motivos contra su procesamiento que esgrime Eusebio Sierra, directivo de la promotora Proincosta, acusado de pagar 60.000 euros para obtener en concesión unos terrenos que según su defensa habían sido objeto de una compensación por una deuda originada por unos trabajos que la compañía hizo para la empresa y que nunca se pagaron.

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