Málaga

Aval al Ayuntamiento en la pugna por la venta de licencias del taxi

  • Los jubilados y viudas que tuvieron que transmitir los permisos le reclaman 2,4 millones

Taxistas estacionados en la parada de Vialia. Taxistas estacionados en la parada de Vialia.

Taxistas estacionados en la parada de Vialia.

El Ayuntamiento de Málaga recibe un aval que puede resultar clave en la reclamación millonaria que desde hace años le viene haciendo una plataforma integrada por jubilados, viudas e incapacitados que se vieron obligados a vender las licencias de taxi que tenían concedidas. El apoyo viene de la mano del Consejo Consultivo de Andalucía, que en un dictamen fechado el pasado 10 de abril respalda la decisión municipal de rechazar la indemnización económica solicitada por este colectivo, cifrada en 2.460.599,63 euros.

Frente a la tesis mantenida por los titulares de las licencias, que adujeron la existencia de "daño patrimonial" al verse exigidos por el Consistorio a desprenderse de las mismas, el órgano consultivo concluye que la Administración local "actuó aplicando la normativa vigente (…), conforme a una interpretación razonable que parecía acorde con el tenor literal de la norma, sin que mediara ejercicio torticero, contumaz o claramente contrario al ordenamiento jurídico". "El Ayuntamiento se limitó a aplicar un a norma jurídica vigente sin que incurriera en ilegalidad alguna", apostilla el dictamen.

La normativa a la que se alude era el decreto 35/2012, por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo en Andalucía. La misma fue objeto de recurso contencioso-administrativo por parte de la plataforma de afectados, con sentencia favorable de 30 de diciembre de 2015. En el fallo, la sala de lo Contencioso de Málaga acordaba la suspensión de varios de los artículos de la normativa autonómica, incluyendo la disposición tercera, "en cuanto a la exigencia de transmisión de las licencias a las personas jurídicas que sean titulares de las mismas a la fecha de entrada en vigor de la norma". La vía judicial se mantiene viva, sin sentencia firme.

De acuerdo con los argumentos de la plataforma, la obligación de desprenderse de estas licencias de taxi llevó "a los ahora reclamantes a mal vender sus licencias de taxi por miedo a perderlas bajo pretexto de la aplicación de una norma que no había sido publicada ni menos aún entrado en vigor". Por el contrario, una fuente próxima al sector, expuso a este periódico que la explotación de manera indirecta de estas licencias produjo un retorno económico considerable a sus titulares. A modo de ejemplo, señaló que en unos diez años solo por el alquiler del mismo a un taxista asalariado, pudo ingresar del orden de 60.000 euros, a los que sumar el valor de la venta del mismo. "Hablamos de que se pagaban 70.000, 80.000 o 90.000 euros", indicó esta fuente.

En los antecedentes incluidos en el dictamen se precisa que ya entre julio y agosto de 2010 se enviaron a los jubilados, viudas e incapacitados cartas personalizadas en las que se les ponía de manifiesto la obligación de estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) como titulares de la licencia de taxi. En ese momento, se indica, se les pedía que se diesen de alta o que presentasen una solicitud de transferencia de la licencia en un plazo determinado. Sin embargo, la propia Seguridad Social, al ser interpelada por ello, vino a informar de que si el titular acreditaba "que no realiza personalmente su explotación o administración, no debe figurar de alta como autónomo en base tanto solo a ostentar la titularidad de la licencia".

En mayo de 2013, el entonces Instituto Municipal del Taxi (cuatro meses después de que la plataforma interpusiese un contencioso contra el decreto 35/2012) envió cartas a los titulares de las licencias "que venían explotando sus licencias mediante asalariados", comunicando la entrada en vigor del citado decreto y advirtiendo de la necesidad de "regularizarse". En agosto de ese mismo año notificó a los miembros de la plataforma la apertura de expedientes de revocación de sus licencias, así como la imposición de entregarlas en un plazo de 10 días.

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, valoró el pronunciamiento del Consultivo, si bien recordó que el mismo "no es vinculante". "Sí creemos que tendrá su valor", expuso, y recordó que hay un demanda judicial por parte de los afectados. "Estamos satisfechos", apostilló.

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