Quedan poco más de dos años para que el 16 de abril de 2017 extinga el contrato de la empresa mixta de limpieza Limasa, y el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga pretende iniciar en breve la maquinaria administrativa que le permita decidir sobre el futuro modelo de gestión del servicio. Pero antes de determinar si la limpieza de la ciudad se quedará en manos públicas, privadas o nuevamente mixtas, el Área de Sostenibilidad Medioambiental ha diseñado una hoja de ruta que pasará en primer lugar por visitar algunas de las ciudades españolas que por población o características similares a las de Málaga puedan servir de base para diseñar el nuevo modelo de gestión de limpieza y recogida de basura, como es el caso de Cádiz, Barcelona, Valencia o Zaragoza.

Según pudo saber este periódico, la idea es conocer el modo en que se organiza en todas ellas el servicio de limpieza para valorar los pros y contras de unos y otros y tomar nota de cara a determinar el futuro de la empresa mixta de la capital, que ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza al Ayuntamiento de Málaga desde 2001 cuando formalizó la sociedad de la que forma parte al 49% con las empresas FCC, Sando y Urbaser como socios privados.

Será después, una vez analizadas las experiencias de otras ciudades, cuando los responsables municipales encarguen un informe técnico de servicio, es decir, un estudio sobre cuáles son los medios técnicos y humanos que se necesitarían para poder prestar el servicio de limpieza que se quiere para Málaga y, lo más importante, cuál sería el coste. Este paso ya está incluido como requisito en el pliego de condiciones del actual contrato de Limasa, donde se especifica que este trámite deberá iniciarse al menos 16 meses antes de la fecha de finalización. O, lo que es lo mismo, antes de que finalice este año.

Solamente cuándo se hagan las cuentas reales de lo que costaría el servicio de limpieza es cuando el Ayuntamiento de Málaga pretende decidir el modelo con el que se gestionará, aunque lo que parece claro es que no se ampliará el contrato a la actual empresa por ocho más como contempla el pliego.

Las cábalas sobre el futuro de Limasa son una realidad desde hace tiempo en el seno del Ayuntamiento debido a los continuos conflictos laborales que han puesto en jaque en más de una ocasión la estabilidad del servicio. Ciudadanos, la plantilla, los grupos de la oposición y hasta el propio equipo de gobierno cuestionan desde hace años la viabilidad de un modelo mixto de gestión, que supone cada año un desembolso para las arcas municipales de 86 millones de euros sin que tenga un reflejo muy valorado en la limpieza de la ciudad.

En los últimos años en los que ha habido varias amenazas de huelga y una que llegó a materializarse en la Navidad de 2013, el Consistorio malagueño ha estudiado distintas opciones para tratar de enmendar el agujero económico que supone esta empresa. Una de ellas fue la posibilidad de que la empresa mixta de limpieza pasara a formar parte del grupo de empresas del Consistorio, lo que supondría un ahorro de unos 6,2 millones de euros al no tener que abonar el IVA correspondiente a la mano de obra que paga por los más de 1.300 trabajadores que forman la plantilla.

Pero para ello sería imprescindible que el Ayuntamiento de la capital adquiriese el 1% de las acciones de la sociedad e igualar la representación en la empresa al 50%. Sin embargo, finalmente esa opción se descartó por no ser viable, como también se descartó la posibilidad de rescatar la concesión a sus socios privados antes de que termine el contrato por la compensación económica que eso pudiera suponer.

Son muchos los estudios internos que han circulado en estos años sobre todas las opciones posibles desde la municipalización total a la privatización, pasando por la posibilidad de adjudicar a varias empresas la recogida de basura y limpieza de la ciudad por zonas bajo el control de un ente público, tal y como ocurre en el caso del servicio de mantenimiento de parques y jardines de la capital malagueña. En el caso de la municipalización, un estudio interno realizado por la propia Limasa en 2012 cifraba que municipalizar la empresa cuatro años antes de que terminara la adjudicación del contrato supondría un ahorro económico que estaría entre los 21 y los 47 millones de euros en ese periodo, cantidad que saldría principalmente de conceptos como el IVA puesto que las empresas públicas están exentas de pagar ese impuesto. Además, la denominada asistencia técnica y otros capítulos que la parte privada cobra en concepto de canon por servicios prestados a la empresa también supondría un importante ahorro a las arcas municipales, puesto que se eliminaría totalmente si la empresa fuera municipal.