El promotor del hotel de Moneo en Hoyo de Esparteros vuelve a poner sobre la mesa una fórmula mediante la que compensar la deuda de unos 7 millones de euros que acumula con el Ayuntamiento de Málaga. Tras recibir un primer no taxativo por parte de la Gerencia de Urbanismo al primer planteamiento, ahora formula una segunda versión que sí podría concitar el aval municipal. La misma, según informaron varias fuentes consultadas, incluiría el compromiso de pago en metálico de unos 2 millones de euros, el abono de los impuestos adeudados hasta la fecha, ascendentes a unos 70.000 euros, y la inclusión de un aval mediante el que garantizar la entrega a futuro de un edificio de oficinas.

Es justamente en este último punto en el que radica la principal variación respecto a la iniciativa rechazada por Urbanismo. De acuerdo con las fuentes, en el seno del Ayuntamiento se considera clave la inclusión de avales por parte de entidades externas, los cuales generarían la base suficiente de confianza en que el desarrollo del inmueble pudiera formar parte de la operación de compensación.

La deuda que actualmente acumula el promotor privado ronda los 7 millones

Cabe recordar que hace algo más de un mes fue el propio concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, el que comunicó la oposición de su departamento a recibir a cambio del dinero comprometido en su día en el convenio urbanístico firmado con Braser un edificio de oficinas. A juicio del edil del PP, la misma tenía "poco encaje jurídico". "Se les ha trasladado la dificultad que el equipo jurídico ve a priori sobre la misma, dado que entre otros aspectos normativos el pago en especie debe cumplir el requisito de que sea un bien cierto, y no un bien futurible como el que se plantea en este caso". La certeza que se reclama en este caso se lograría, según las fuentes, mediante los citados avales.

A diferencia de lo ocurrido con la anterior proposición, que la empresa presentó ante Gestrisam, Urbanismo quiere que Braser se la entregue por escrito directamente, al objeto de que sea objeto de análisis por parte de sus servicios jurídicos. En cualquier caso, la entrega de ese documento no altera la actual vía ejecutiva abierta por el departamento tributario desde finales del año pasado, cuando se cumplió el plazo dado a la firma para que hiciese frente al pago del convenio.

Precisamente, el pasado lunes el gerente de Gestrisam, Juan Manuel Ruiz Galdón, intervino en la Comisión de Economía en la que dio explicaciones sobre el estado de este asunto. En su comparecencia dejó claro que la petición de aplazamiento realizada por Braser no frena la citada vía ejecutiva y que el periodo legalmente establecido para que el funcionario encargado de emitir su informe sobre la conveniencia o no de aplazar el pago de la deuda es de seis meses, cumpliéndose el mismo a finales del próximo mes de mayo. En el supuesto de que se supere ese hito temporal sin que el Ayuntamiento emita un pronunciamiento, según Ruiz Galdón, se daría por anulado el interés de la peticionario.

En el supuesto de que esta nueva hoja de ruta cuente con el respaldo municipal, quedaría, no obstante, por avanzar en la tramitación urbanística del proyecto. El mismo sigue pendiente de la aprobación del plan de urbanización, de un lado, y del otorgamiento de la licencia de obras, elementos ambos que fueron rechazados a mediados del año pasado por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, donde los votos de la oposición en Pleno pesaron más que los del equipo de gobierno del PP. Será clave, llegado ese momento, el voto de Ciudadanos, que desde hace meses viene reclamando a la empresa garantías económicas antes de abstenerse o votar a favor de la iniciativa.