Bustinduy niega que tuviera "denuncia probatoria" de los ediles de Estepona

  • La Ejecutiva admite dos reuniones con los concejales del municipio pero sólo para "analizar" la situación interna del grupo · La gestora se pondrá a disposición de la Justicia y entregará la información que solicite

La dirección provincial del PSOE de Málaga trató de salir al paso ayer de las informaciones en las que se pone de manifiesto el conocimiento que tenía de las presuntas irregularidades cometidas en los últimos años por el alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, ahora investigadas en el marco de la operación Astapa. Y lo hizo con la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva y la redacción de un comunicado en el que se precisa no haber recibido "ninguna denuncia probatoria" sobre las presuntas anomalías.

Sin embargo, en ese mismo escrito no se alude en ningún caso a que dos de los concejales de Estepona, David Valadez y Cristina Rodríguez, hicieron llegar a la cúpula socialista, encabezada por la secretaria general, Marisa Bustinduy, documentación relativa a convenios urbanísticos, personal y presunta contratación ilícita de obras, como mantienen varias fuentes consultadas por este periódico. Una de estas fuentes precisó que dicha información fue facilitada a algunos de los miembros de la Ejecutiva en varios encuentros, mantenidos el pasado mandato, sin que el partido tomase medida alguna al respecto.

Frente a esta posición, el comunicado socialista admite la celebración de dos reuniones en la sede provincial de Fernán Núñez a las que fue convocado el grupo municipal de Estepona para "analizar la situación interna creada tras la salida de uno de los ediles de una empresa municipal", en alusión directa a Valadez. Desde el PSOE se informó de que en esos encuentros "no fue presentada ninguna denuncia probatoria".

De otro lado, Paniagua, que dirigirá la gestora de la agrupación local de Estepona tras la expulsión de Barrientos como secretario general de la formación, pidió que no se generalicen las actividades delictivas a todos los concejales del municipio. En relación al trabajo del órgano que conducirá el partido, señaló que el principal objetivo debe ser "ponerse a disposición de la Justicia para aportar la información que necesite".

En este sentido, uno de los primeros pasos será la realización de auditoría de las cuentas de la agrupación local. "Si se tiene constancia de la existencia de ingresos ilegítimos, se hará para tener conocimiento completo sobre esto", dijo en relación a la presunta utilización de dinero del Ayuntamiento para financiar al partido.

Respecto a las actuaciones de la Junta de Andalucía, Paniagua defendió su intervención y aseveró que "no se tenía la menor sospecha". Asimismo, agregó que "el Gobierno andaluz presentó 86 denuncias e impugnó hasta cuatro acuerdos municipales, por lo que no actuó al margen de la legalidad, sino que actuó consecuentemente con las informaciones que tenía".

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