PARECÍA que nunca iba a llegar el día en que Marbella contara con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero tras 24 años de incertidumbre el 29 de enero hubo luz verde por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) y sólo restan, en un tiempo aproximado de un mes, algunos cambios menores para su aprobación definitiva. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) apoyó desde primera hora la labor del CIT-Marbella y de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP), integradas en la propia CEM, para sumar esfuerzos en pos de que Marbella estuviera dotada de este imprescindible instrumento jurídico. Además, se ha contado con la necesaria colaboración de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Las notas más destacadas del amplio acuerdo alcanzado en la Cotua están referidas a la regularización, mediante un sistema de compensación, del 92% de las 18.000 viviendas ilegales construidas, aunque el Ayuntamiento deberá incluir la suspensión de cinco áreas urbanísticas para proteger espacios libres en el litoral, 1.100 inmuebles sin habitar o en estructura y 500 viviendas en la franja litoral.

A la pregunta de cómo quedará Marbella tras la aprobación del nuevo PGOU, algunos datos pueden dar respuesta. Se alcanzarán los 4,8 millones de metros cuadrados de espacios libres, el ratio de equipamiento supone 12,02 metros cuadrados por habitante y la posibilidad de construcción de 26.477 nuevas viviendas, de ellas 9.459 de VPO. Desde la CEA, la CEM, el CIT y la ACP siempre se ha insistido en relación a Marbella y a cualquier otro municipio, que la falta de PGOU o, lo que es lo mismo, de las normas esenciales de desarrollo urbanístico, además de incertidumbre jurídica produce la paralización de inversiones, imposibilitando el progreso económico y la creación y mantenimiento de empresas y empleo. En Málaga capital también se está a la espera de que, en unos dos meses, puedan estar resueltas las diferencias que separan a la Junta de Andalucía del Ayuntamiento de la ciudad y ésta es otra de las claves que explican el largo proceso que arrastran los PGOU, las diferencias políticas entre Administraciones, extremo éste que, desde la CEM, se ha considerado negativo para los intereses generales, siendo éstos los que deben primar en cualquier caso. El parque Arrajainal -para disfrute de los ciudadanos, en oposición a su urbanización, según la Junta- y el llamado megahospital son dos de estas diferencias.

Facturpyme

El jueves 28 de enero se presentó en Málaga el proyecto Facturpyme, iniciativa puesta en marcha por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en colaboración con la Red de Centros de Servicios Empresariales a las Empresas (Red CSEA), y de las organizaciones territoriales andaluzas, en este caso la CEM, para la implantación de la facturación electrónica en las pymes andaluzas. En los últimos años, la facturación electrónica ha experimentando una demanda creciente, debido al ahorro que supone para las empresas implantar un proceso de gestión digitalizada -sustituyendo así la factura en papel-, a la mejora en la gestión del cobro y flujo de tesorería, y por último, a la posibilidad de dotar de mayor eficiencia y eficacia los procesos internos. María del Mar Martín, directora del departamento financiero y de proyectos de la CEM, recordó en la presentación de la jornada que la facturación electrónica es obligatoria para las grandes empresas que trabajen con las administraciones públicas desde el 1 de agosto de 2009, y que para las pymes y autónomos lo será también a partir del 1 de noviembre de 2010, aunque desde hace años viene siendo objeto de un gran impulso por parte de la administración, junto con la firma electrónica.