LOS últimos datos que se conocen acerca del número de desempleados en la provincia -según el Servicio Andaluz de Empleo- ponen de manifiesto no sólo la importancia de la crisis económica (ya recesión), sino el agravamiento y continuidad de ésta. Otros 7.552 nuevos desempleados se suman a la cifra anterior, la de diciembre, hasta totalizar 146.123. En un año -entre enero de 2008 y el mismo mes del año en curso- 45.882 nuevos parados suma Málaga, un 45,7%. Sin duda, el paro es el índice que más preocupa porque afecta a más personas y familias, pero hay que contextualizarlo en un cuadro económico más amplio de cierre de empresas, expedientes de regulación de empleo, caída del consumo y la producción, restricciones crediticias, etcétera.

Otra de las manifestaciones de la crisis también la conocíamos a través de los medios informativos: las matriculaciones de vehículos descendían casi un 70% en la provincia. Esta profunda depresión económica no se conocía con estas magnitudes.

Pues bien, hasta ahora, las políticas arbitradas por el Gobierno de la nación y el autonómico no palian, ni de lejos, la gravedad de la crisis, que sigue castigando a las empresas sin que se atisbe su final.

En estos días también se ha informado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) atenderá algunas demandas de bancos y cajas -tras la tercera reunión de estas entidades con el presidente del Gobierno- que se esgrimían como causas para no conceder créditos a pymes, familias y autónomos. Parece -pero todavía no es una realidad- que se modificarán los precios en la línea ICO para las pymes y que en la moratoria hipotecaria se elevará la cobertura desde el 8 hasta el 12%.

Ya se sabe que los programas de financiación del ICO arrojan unos resultados muy pobres: 81 entidades se interesaron en programas de liquidez de pymes y autónomos que se pusieron en marcha el 23 de diciembre, en enero sólo se habían formalizado operaciones por 113,66 millones de euros.

O el Ejecutivo actúa de manera contundente y ahora contra la crisis o ésta puede acabar con buena parte del tejido productivo y de los servicios de nuestro país. Las actuaciones que reclaman las organizaciones empresariales, como la CEM, son también estructurales, no ya puramente de coyuntura, y muchas de ellas deberían haberse incorporado en los Presupuestos Generales del Estado, porque ya se sabía antes de diciembre, aunque no se reconocía, el hondo calado de esta crisis.

Entre las medidas que propone la CEM se encuentran las siguientes. Mayores esfuerzos en formación reglada y continua para que España incremente la cualificación de sus trabajadores; fomento del espíritu emprendedor, porque a más empresa más riqueza y empleo; incremento de las inversiones públicas en toda clase de infraestructuras, superando así tradicionales déficits que nos alejan de otros países europeos; fomento de la innovación tanto por parte de las Administraciones Públicas como de las empresas; simplificación radical de los trámites administrativos en la creación de empresas y de las obligaciones de éstas; certidumbre en la planificación urbanística y planes territoriales y coordinación entre las Administraciones Públicas para favorecer proyectos de interés general, dejando a un lado intereses partidistas legítimos pero no superiores a los primeros. El fomento del ahorro, la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, la bajada del Impuesto de Sociedades y en general un mejor trato a las empresas desde la fiscalidad son otras tantas medidas que beneficiarían la continuidad empresarial y el empleo, porque a mayores cargas y presiones más dificultades de supervivencia presentan, como es lógico.

En las próximas semanas, tanto el Gobierno de la nación como el de Andalucía deben tomar las decisiones que el mundo empresarial espera.