El CGPJ decide el miércoles si expedienta al juez de Marbella Francisco Javier De Urquía

  • De Urquía fue suspendido cautelarmente al ser investigado en el "caso Malaya" y en relación al "caso Hidalgo"

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá el miércoles si expedienta al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga), Francisco Javier de Urquía, suspendido cautelarmente al ser investigado en el "caso Malaya" y en relación al "caso Hidalgo".

Según informaron a Efe fuentes del CGPJ, el Servicio de Inspección atribuye a De Urquía la comisión de dos faltas muy graves del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y otra del artículo 417.6 en relación con el 389.7.

El artículo 417.9 establece que es falta muy grave la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales.

Por su parte, el 417.6 se refiere al ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado, establecidas en el artículo 389 de la LOPJ, cuyo apartado 7 dice que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido.

El juez Francisco Javier de Urquía fue suspendido cautelarmente de sus funciones el pasado 5 de julio al ser investigado por el "caso Malaya" por supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

Posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto un segundo proceso penal contra De Urquía, en este caso en relación al "caso Hidalgo" contra el blanqueo de capitales procedentes de distintas actividades delictivas en la Costa del Sol.

Este nuevo proceso llevó al CGPJ a acordar el pasado mes de enero una nueva suspensión cautelar de funciones de De Urquía.

Por otra parte, según las mismas fuentes, la Comisión Disciplinaria verá la resolución del expediente abierto a la titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 6 de Madrid, Carmen Gámiz, por su actuación cuando era magistrada de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Collado-Villalba (Madrid).

El instructor del expediente propone que se sancione a Gámiz, por desconsideración a los funcionarios de su Juzgado y faltar a la verdad al haber pedido un permiso, con una multa de 2.320 euros y cinco días de suspensión.

La propuesta de resolución presentada por el instructor atribuye a la juez dos faltas graves y una muy grave, esta última porque la juez pidió un permiso asegurando que no tenía asuntos señalados y éstos tuvieron que ser suspendidos.

Además señala que una vez llamó "ineptos" a los funcionarios, otra recriminó a voces a una funcionaria y también impidió entrar a un fiscal a su despacho.

En otra ocasión dijo que una funcionaria había manchado una sentencia y tras ello se metió en su despacho, donde al día siguiente encontraron las bisagras de un armario "arrancadas de cuajo".

El instructor también le atribuye retrasos al demorar la tramitación de un expediente de "habeas corpus" (derecho del detenido a ser puesto de inmediato a disposición judicial).

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