La Cámara de Cuentas de Andalucía ya detectó irregularidades en materia urbanística similares a las que ahora están siendo investigadas a través de la operación Astapa, en el Ayuntamiento de Estepona, durante la época en la que gobernó el municipio Jesús Gil Marín, hijo de Jesús Gil.

En el informe de Fiscalización de la adaptación al ordenamiento jurídico de los aprovechamientos urbanísticos del Ayuntamiento de Estepona 1997-1998, aprobado por la Cámara de Cuentas en 1999, se apuntó el "incumplimiento generalizado" de los fines a que quedan adscritos los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, así como un "perjuicio económico" para los intereses de la Corporación, "al enajenarse bienes por valor inferior al de mercado e, incluso, por debajo del valor urbanístico".

Actualmente la Policía y las autoridades judiciales investigan a varios ediles del Ayuntamiento por presuntos delitos relacionados con la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales. En el citado documento, se concluyó que en la gestión de los aprovechamientos urbanísticos municipales llevada a cabo por los representantes del Ayuntamiento se utilizó "un entramado de operaciones mercantiles que intentan eludir la aplicación de las normas jurídicas a que están sujetas las corporaciones locales, y en la que han participado activamente las empresas municipales".

En aquel informe se indicaba que el gobierno municipal de Gil Marín, como consecuencia de la cesión de los aprovechamientos urbanísticos, obtuvo, durante los ejercicios fiscalizados, parcelas valoradas en 1.347 millones de pesetas, de las que la mayoría se permutaron a las empresas públicas del Ayuntamiento mediante sucesivas ampliaciones de capital, por valor de 1.029 millones de pesetas.