Carlos Fernández, el concejal de Marbella detenido en Argentina el viernes pasado tras permanecer 11 años huido de la Justicia, tiene 10 causas judiciales abiertas en España, la mayoría en los juzgados de Marbella. Además de estar desde junio de 2006 en busca y captura internacional por su implicación en el caso Malaya, y tener otras dos órdenes de arresto dictadas entre noviembre de ese año y febrero de 2007 por prevaricación urbanística y coacciones, Carlos Fernández suma a su historial procedimientos "en la práctica totalidad de los juzgados de Marbella", según han apuntado fuentes de la Fiscalía.

Se trata fundamentalmente de causas relativas a hechos ocurridos durante el tiempo en el que formó parte del último gobierno del GIL, que, bajo la presidencia de Marisol Yagüe, reunió tras la moción de censura que derribó a Julián Muñoz en 2003 a concejales socialistas y andalucistas junto a los afectos a Jesús Gil. La Fiscalía ha pedido a los diferentes juzgados que remitan los procedimientos con el fin de analizarlos "caso por caso" y "delito por delito". El objetivo es averiguar cuáles de los delitos que se le atribuyen no han prescrito aún. Estas averiguaciones tienen su complejidad puesto que se deben estudiar desde la perspectiva del Código Penal de 1995, que era el que estaba en vigor cuando se incoaron las diligencias.

Son causas relativas a hechos ocurridos en el tiempo que formó parte del gobierno de GIL

En cada asunto, además, se deben determinar los diferentes grados de los delitos porque de ello depende la prescripción. Por ejemplo, el Código Penal de 1995 fija para un tipo agravado de cohecho de siete a 12 años de cárcel, lo que significaría que la prescripción no se produce antes de los 15 años y por tanto este delito podría no haber prescrito aún y haber lugar a la extradición.

El juez instructor de Malaya procesó a Carlos Fernández por cohecho, prevaricación, malversación y fraude. Además, tiene una condena de la Audiencia de Málaga a dos años de prisión y tres de inhabilitación por malversación de caudales públicos. En este caso se debe precisar la fecha en la que la condena alcanzó la condición de firme, porque en ese momento empieza a correr el plazo para la prescripción.

Los procedimientos abiertos en los juzgados de Marbella son, sobre todo, causas por prevaricación urbanística derivadas de las licencias ilegales que por acción u omisión se concedieron durante los gobiernos del GIL.

El resto de los concejales involucrados en estas investigaciones pactaron en 2008 un acuerdo a través del cual aceptaron su culpa en aquellas causas a cambio de penas de 6 y 12 meses de prisión.