La decisión final sobre el megahospital que la Junta de Andalucía dice querer construir en Málaga capital no va a depender ni de la Administración autonómica, que es la que ha abanderado este debate, ni del Ayuntamiento de la ciudad, al que corresponde la posibilidad de recalificar para uso residencial los suelos ocupados en estos momentos por el Carlos Haya, el Materno Infantil y el Civil. Será la Tesorería General de la Seguridad Social la que en última instancia tendrá en su mano abrir o cerrar definitivamente el camino a este proyecto, al ser la propietaria de la mayor parte de los terrenos que la Consejería de Salud pretende utilizar para financiar la ejecución de las nuevas instalaciones, en una operación cuyo montante económico ronda los 600 millones de euros.

La negativa de este organismo a autorizar el cambio de uso que pretende el Gobierno autonómico daría al traste con cualquier iniciativa. Un hecho que constata la escasa base sobre la que se asienta el anuncio realizado por el departamento encabezado por la consejera María Jesús Montero, que de momento ignora cómo financiará la obra y en qué zona de la ciudad quedará localizada. Si bien las competencias en materia hospitalaria son autonómicas, la realidad es que la Junta debe contar, antes de avanzar en la actuación, con el aval y el visto bueno tanto de la Seguridad Social como del Consistorio malagueño.

El uso de las parcelas sobre las que se levantan el Carlos Haya y el Materno Infantil quedó regulado en el Real Decreto 400/1984, por el que se transfirieron las funciones del Instituto Nacional de la Salud a la comunidad autónoma de Andalucía y por el que también se traspasaron algunas de las propiedades de la Seguridad Social. En este documento, según las fuentes consultadas por este periódico, se constata que el cambio de finalidad sanitaria para el que fueron cedidos los terrenos, como ocurriría si se destinasen a uso residencial, conllevaría la inmediata reversión de los mismos a manos de la Tesorería de la Seguridad Social.

"El destino de los bienes de la Seguridad Social adscritos o que en el futuro se adscriban a la Junta de Andalucía para usos distintos a los actuales, siempre que los nuevos sean conformes a los fines propios de la Seguridad Social, se ajustará al procedimiento que por convenio se establezca, de acuerdo con la legislación básica del Estado", dice textualmente el documento. La pregunta en este caso es si la supresión de los actuales hospitales para edificar viviendas sobre estas parcelas es un fin propio de la Seguridad Social.

En cualquier caso, cualquier avance en la iniciativa debería pasar por la firma de un convenio entre la Junta y la propiedad de los solares, un detalle que por el momento no parece haber tenido en cuenta la Administración regional, ya que, si bien, la máxima responsable de Salud ha mantenido reuniones con el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón (propietaria del Hospital Civil), y con el alcalde de la capital de la Costa del Sol, Francisco de la Torre, hasta no hace mucho no se ha formalizado contacto alguno con los responsables de la Seguridad Social.

La dificultad de esta apuesta fue puesta de manifiesto por la propia consejera cuando expuso públicamente la idea, el pasado día 17 de septiembre. Ante los medios de comunicación, y antes de informar de los planes al resto de administraciones implicadas, Montero admitió la necesidad de alcanzar un acuerdo en el que tendrían que estar implicados el Ayuntamiento, la Seguridad Social y la Diputación. Y puso como ejemplo la experiencia seguida en la provincia de Cádiz para impulsar la construcción del nuevo hospital regional, en sustitución del Hospital Puerta del Mar.

Esta hoja de ruta, que no ha tomado forma de convenio hasta dos años después de que se crease un protocolo entre todas las partes afectadas, toma como base la permuta de sendas parcelas entre la Seguridad Social, propietaria del suelo del antiguo hospital, y la Zona Franca de Cádiz, ente empresarial dependiente del Ministerio de Economía, dueña del terreno donde se localizarán las nuevas instalaciones sanitarias. En Málaga, sin embargo, sigue sin conocerse qué empleará la Administración regional para compensar a la Tesorería. Fuentes cercanas a la operación gaditana indicaron que este organismo está algo molesto por cómo se desarrollaron los acontecimientos en esa provincia, donde la operación, que inicialmente no iba a suponer coste alguno para sus arcas, le obligó a desembolsar 25 millones de euros en concepto de IVA.