La propuesta defendida ayer por el PP en el Senado para modificar la actual Ley de Costas ha sido bien acogida por los posibles beneficiados, pero a la vez con cierta cautela. El cambio legislativo supondría la legalización de las construcciones levantadas en pleno dominio público marítimo-terrestre antes de que la ley entrara en vigor en 1988, lo que afectaría a más de 400 viviendas en la barriada de El Palo, otras 50 en Vélez-Málaga, o la residencia Marymar de Benalmádena, entre otras. En la zona de Lagos, la posibilidad de que se modifique la Ley de Costas para legalizar estas viviendas se ha tomado con cierta precaución. Además, para ellos, con la propuesta el Gobierno no hace otra cosa sino "normalizar" la situación. "No nos están regalando nada. La Unión Europea ya advirtió que no se podía aplicar la ley con carácter retroactivo. Es inconstitucional", explicó Miguel Ángel Sánchez, uno de los vecinos afectados en este núcleo veleño y miembro de la Asociación Bajamar.

"Nuestras casas tienen más de cien años. Además nunca hemos considerado que estén dentro del dominio público puesto que éste se modificó tras la construcción del puerto de Caleta", añadió Sánchez, quien pidió que además de "normalizar la situación" tendrían que regenerar la playa ya que su degradación es consecuencia de la ejecución de la infraestructura marítima. La modificación de la actual ley también supondrá mayor seguridad jurídica para los chiringuitos del litoral malagueño, aunque no en el tema de las concesiones porque en ese sentido ya existe un compromiso de que regularizar la situación de todos estos establecimientos. El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa, Norberto del Castillo, confió en que este cambio sirva para matizar algunos de los problemas con los que ahora se encuentran por no quedar claro en la norma en vigor como la distancia que debe haber entre ellos o la diferenciación entre playa urbana y no urbana para fijar el número de chiringuitos en una zona.

"Pensamos que la ley deja mucho lugar a dudas y crea una inseguridad permanente en los empresarios, que esperamos que se subsane", recalcó. La moción presentada por el PP fue apoyada por CiU, PNV y CC, mientras que el PSOE votó en contra de la misma. La senadora popular por Málaga Patricia Navarro criticó la actitud de los socialistas "que no quieren poner solución a este asunto y atender las peticiones de las miles de personas y empresas afectadas por la pésima aplicación de la Ley de Costas del Gobierno de Zapatero".

El texto de la moción aprobada solicita al Ejecutivo flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre, para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones que se otorguen. Además, pide "adecuar la compensación de los derechos adquiridos de buena fe y de forma legítima con anterioridad a la aplicación de la vigente ley restableciendo la seguridad jurídica". Incluso la moción aprobada insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que estudie la paralización de las actuaciones derivadas hasta ahora de la aplicación de la norma hasta que se pueda modificar y no se lleve a cabo ninguna resolución.