El Centro Municipal de Emergencias tiene una nueva empresa gestora del servicio, la tercera en tres años. La firma Outsourcing Signo Servicios Integrales, perteneciente al grupo empresarial vallisoletano Norte, se ha adjudicado el concurso convocado por el Ayuntamiento de Málaga a finales de diciembre por 1,17 millones de euros y ha tomado las riendas del centro desde el 1 de febrero, pues el contrato a la anterior adjudicataria, Bai Promoción de Congresos, expiró el 31 de enero.

Alberto García de Castro, director comercial de Grupo Norte, explica a este diario que están "muy ilusionados" con el proyecto a desarrollar en Málaga y señala que la empresa que representa tiene amplia experiencia en el sector pues, entre otras cosas, ha gestionado el servicio 112 en Castilla y León o la centralita de Caja España. De hecho, Grupo Norte posee ocho compañías -algunas de ellas son empresas de trabajo temporal-, cerca de 12.000 empleados y en 2006 facturó 156,2 millones de euros.

Pero la nueva empresa no se ha encontrado precisamente una perita en dulce en el Centro de Emergencias malagueño, más bien todo lo contrario. Fuentes del comité de empresa denuncian que tuvieron numerosos problemas de cobro de las nóminas con la anterior adjudicataria y están negociando con Grupo Norte para evitar que pase lo mismo. García de Castro reconoce que "nos hemos encontrado un panorama preocupante y hemos notado que hay malestar entre los empleados porque hay nóminas impagadas".

La situación, según aseguran desde el comité de empresa, es la siguiente: "En los dos años que ha gestionado el servicio Bai Promoción de Congresos hemos tenido continuos retrasos para cobrar los sueldos y, a día de hoy, todavía no nos han pagado ni el mes de enero, ni el finiquito ni la subida anual del IPC", apuntan los representantes de los trabajadores. "En Nochebuena incluso hubo gente que tuvo que trabajar sin ni siquiera haber cobrado el mes de noviembre", continúan.

Los empleados han denunciado la situación al Ayuntamiento de Málaga y a la Inspección de Trabajo, donde incluso les han comentado que esta empresa debe 450.000 euros a la Seguridad Social. Esta firma, además, tiene prohibida la contratación con Administraciones Públicas por un plazo de cinco años, según se recoge en la resolución del 23 de abril de la Dirección General del Patrimonio del Estado y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de mayo de 2007.

Los responsables de Grupo Norte tampoco están contentos con el comportamiento de la anterior adjudicataria ya que, según García de Castro, "les hemos pedido los datos de subrogación y de antigüedad de los trabajadores para hacer los nuevos contratos como suele ser habitual en estos casos y no nos lo han dado, por lo que consideramos que Bai no se ha comportado de forma seria ni responsable". Este diario se intentó poner en contacto con directivos de Bai Promoción de Congresos sin obtener ninguna respuesta.

La plantilla del Centro Municipal de Emergencias, formada por 56 trabajadores, está ahora preocupada por ver cómo se van a realizar los nuevos contratos y, principalmente, por saber si Grupo Norte va a respetar la antigüedad y, obviamente, si van a cobrar las nóminas de forma puntual. El director comercial de la empresa vallisoletana quiere calmar a la plantilla asegurando que "vamos a respetar la antigüedad que tenga cada empleado aunque, como Bai no nos ha dado los datos, tenemos que acreditarla y para eso hemos pedido información a los propios trabajadores, al Ayuntamiento de Málaga y a la Seguridad Social".

Entre algunos trabajadores hay malestar también por el sueldo medio -en torno a los 700 euros por 39 horas de trabajo- y por los horarios, ya que es un servicio de 24 horas todos los días del año. García de Castro destaca que acaban de llegar y que "en uno o dos meses tendremos definido nuestro plan de empresa y veremos si hacen falta o no nuevas contrataciones". Grupo Norte se ha adjudicado el contrato con una duración de un año prorrogable a otro.

La polémica ha acompañado la gestión de este centro desde que en noviembre de 2004 PSOE e Izquierda Unida denunciaron que la empresa Clece -la que gestionaba el servicio en ese año- había permitido que los bomberos y los policías locales enchufaran a sus familiares en la teleoperadora, hasta el punto de que más de la mitad de la plantilla son familia de estos empleados municipales. Algunos trabajadores denuncian que la situación sigue igual, aunque no quieren echar más leña al fuego ya que la contratación en este caso es libre. García de Castro tampoco quiere entrar en disputas: "Nosotros hemos asumido a las 56 personas que están dando el servicio actualmente, hubiera enchufe o no".