Un juzgado de Marbella ha condenado a un cirujano y un hospital privado de la localidad a abonar una indemnización de 26.267 euros a una paciente que se hizo una lipoescultura y que quedó con "grandes irregularidades" tras la operación de cirugía estética. La sentencia aún no es firme.

La mujer, de 65 años, se hizo una liposucción en abdomen, cintura, cadera, brazos y se inyectó grasa en los glúteos. La intervención se llevó a cabo en junio de 2007 en el USP Hospital. Según esgrimió en el juicio el abogado Damián Vázquez, de la asociación Defensor del Paciente (Adepa), cuando la paciente se retiró los vendajes se percató del pésimo resultado de la operación, "observando brazos hinchados y morados, sufriendo además tremendos dolores que casi le impedían moverse". De acuerdo a lo argumentado por la defensa, debido al fracaso de la operación, la mujer sufría dolores lumbares y costales y cayó en una depresión. En la vista, el defensor también indicó que el cirujano le presentó el consentimiento informado para que lo firmara antes de su entrada en quirófano "sin que le diera tiempo ni siquiera a leerlo". Adepa pidió una indemnización de 60.405 euros.

El hospital argumentó en el juicio que la mujer estaba "suficientemente" informada de los riesgos de la operación, que ya tenía cirugías abdominales estéticas previas, que había sufrido "una complicación típica del postoperatorio", que luego se trató con otros especialistas por lo que las secuelas podrían haber sido "magnificadas e incluso creadas" por estos tratamientos y que la depresión podía deberse al fallecimiento del marido meses después de la operación. Además, el hospital esgrimió que por encima de que la medicina sea curativa o satisfactiva, está la capacidad de cicatrizar del paciente: "La cicatrización y sus secuelas quedan muchas veces fuera de la capacidad del cirujano pese a que éste utilice todas las capacidades a su alcance".

El Juzgado número 7 de Marbella estima en parte la demanda por la "insuficiencia del consentimiento informado". El fallo alude a una sentencia del Tribunal Supremo que en la medicina satisfactiva "se acrecienta" el deber de información médica. "El criterio más riguroso respecto a la medicina asistencial se justifica también por la necesidad de evitar que se silencien los riesgos excepcionales ante cuyo conocimiento el paciente podría sustraerse a una intervención innecesaria o de una necesidad relativa", concluye la sentencia.