El Real Decreto-Ley del Gobierno central de diciembre de 2011 que obliga a ampliar la jornada laboral de los funcionarios para reducir el déficit público ha terminado por generar una gran confusión en muchos consistorios de la provincia que no saben si realmente tienen que poner en marcha el mismo (como les indicó la Federación Española de Municipios y Provincias hace unos días) o si, por el contrario y como señalan los sindicatos, la medida sólo tendría una aplicación directa para los funcionarios estatales, no así para los municipales ni los autonómicos.

El último ayuntamiento de la provincia que ha anunciado su intención de sumarse al decreto estatal ha sido el de Alhaurín el Grande. En este municipio el equipo de gobierno y el sindicato CSIF aprobaron hace unos días la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas, una medida que afecta a unos 250 empleados laborales. A cambio, aunque desde CSIF se rechaza que tenga relación, los trabajadores municipales recibirán un plus de puntualidad que oscilará entre los 16 y los 100 euros en función de la categoría del trabajador. "Nos parece aberrante que con la que está cayendo se pague por llegar a tu hora al trabajo", denuncia José Marmolejo, responsable de Administración Local de CCOO.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande se limitó ayer a emitir un comunicado de prensa asegurando que el plus de dedicación, vigente hasta diciembre, se ha distribuido de "forma equitativa sin gasto para el Ayuntamiento destinando parte de este plus al específico y manteniendo el resto en productividad como plus de puntualidad". En cuanto a los horarios, continúa la nota, " se mantiene el del estatuto básico de los trabajadores, habiéndose llegado al acuerdo de establecer un horario de verano, asuntos propios, jornada laboral, festivos y vacaciones", pero sin ninguna referencia a a las 37,5 horas. Un portavoz del equipo de gobierno aseguró que ni el alcalde ni la concejal de Personal realizarían declaraciones ante los dos intentos realizados por este periódico. Según CCOO, la ampliación de la jornada se traducirá en la pérdida de cinco días de asuntos propios y un aumento de la jornada laboral de 15 minutos al día más la pérdida de los cinco minutos del desayuno, algo que rechazan desde CSIF. "No le podemos decir en cuánto afectará, pero esas cifras no son reales", aseguraron de este sindicato, que calificó de "excepcional" el acuerdo.

En el caso de Málaga, la concejal de Economía, María del Mar Martín Rojo, aseguró ayer a este periódico que el Ayuntamiento no se plantea aplicar esta medida a corto plazo, aunque tampoco la descarta: "Es un tema que habrá que hablar con los sindicatos en caso de que se llegue a proponer. Si es favorable podría tratarse, aunque en este momento no está sobre la mesa", señaló la concejal.

Torremolinos y Fuengirola han sido los dos casos más claros de la confusión que reina en algunos ayuntamientos. En ambos casos, sus equipos de gobierno (PP), anunciaron su intención de aplicar la jornada laboral de 37,5 horas para días después descartarla. En Torremolinos la medida llegó a aplicarse y tras su suspensión "a los trabajadores se les compensará con el mismo número de horas trabajadas". Idéntica situación se vivió en Fuengirola, donde su alcaldesa, Esperanza Oña, tuvo que aplazar la decisión de abrir los lunes por la tarde. Oña mandó una carta al Ejecutivo para concretar la aplicación de la ampliación de la jornada laboral.

En Estepona, el Ayuntamiento también pidió al Gobierno que informe si la aplicación del horario afecta a los funcionarios y también al personal laboral. Hasta que el ministerio no se pronuncie, el equipo de gobierno no llevará a cabo ninguna medida. Para el alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla, no caben dudas de que el número de horas a trabajar es de 37 horas y media, sin embargo vacila ante "su aplicación práctica". Por ello el regidor pidió consulta a la FEMP. Municipios como Ronda, Benalmádena, Mijas, Marbella y Rincón de la Victoria todavía no se han pronunciado.